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¿Se pueden aumentar los aranceles para proteger la industria? Esto explica una ministra 

Subir los impuestos a productos que llegan del extranjero puede ayudar a proteger a la industria mexicana, pero ¿hasta dónde puede hacerlo el Gobierno? 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó esta facultad a partir de un aumento que una empresa llevó a los tribunales, aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos la postura de una ministra. 

¿Qué resolvió la Corte? 

Al resolver el amparo en revisión 308/2026, la Corte determinó que el Poder Ejecutivo Federal cuenta con facultades extraordinarias para modificar las cuotas arancelarias, dentro del marco del artículo 131 de la Constitución.

Son atribuciones que permiten “regular el comercio exterior, proteger la economía nacional y preservar la estabilidad de la producción interna”, así lo explicó la ministra Loretta Ortiz Ahlf. 

El asunto surgió por un decreto promovido en el mes de abril del año 2024, aquí se establecía un arancel de 35% para la importación de ciertos materiales elaborados a base de polímeros, que antes estaban exentos. Esto dio pie a que una empresa obtuviera un amparo y cuestionara la justificación. 

Sin embargo, tras el recurso legal presentado por el Poder Ejecutivo, la SCJN revocó y negó la protección que obtuvo la empresa por unanimidad. 

¿Debe justificarse el aumento para cada producto?

La Corte concluyó que estos decretos no requieren “una justificación específica y reforzada para cada mercancía o fracción arancelaria”, según explicó Ortiz Ahlf.

La razón es que pueden responder a objetivos económicos que abarcan distintos sectores de la industria nacional. Por ello, su justificación no tiene que hacerse producto por producto bajo ese nivel de exigencia.

En el caso revisado, el tribunal consideró que fortalecer la industria mexicana y apoyar al mercado interno eran objetivos vinculados con el artículo 131 constitucional.

¿Qué límites debe respetar el Ejecutivo?

La facultad de modificar aranceles no es ilimitada. Las medidas deben tener fundamento constitucional y guardar relación con los fines para los que se otorgó esa atribución.

La ministra explicó que “las decisiones del Estado no son ilimitadas, deben tener fundamento constitucional y responder a los objetivos para los que se otorgó esa facultad”.

La empresa también alegó posibles aumentos de costos, afectaciones a la competencia, prácticas monopólicas, compromisos internacionales y aplicación retroactiva. De acuerdo con la explicación difundida, esos argumentos no demostraron la inconstitucionalidad del arancel impugnado.

En conclusión: la resolución respalda la medida analizada, eso no significa que cualquier aumento futuro quede libre de revisión judicial.

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