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SCJN: ¿una autoridad puede entrar en terreno privado para proteger el medio ambiente? 

Ser dueño de un terreno permite tomar decisiones. Pero, ¿qué pasaría cuando forma parte de una zona que necesita protección ambiental? 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó hasta dónde pueden establecerse condiciones para aprovechar esos terrenos y qué derechos conservan sus propietarios cuando se declara un Área Natural Protegida. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos.

¿Qué dice la Corte? 

Al resolver los amparos en revisión 167/2026, 187/2026 y 207/2026, el Máximo Tribunal confirmó la validez de la declaratoria de Área Natural Protegida de Peña Colorada, en Querétaro.

Esto surgió después de que varias personas ejidatarias y una empresa habían impugnado la medida. Consideraban que afectaba su derecho de propiedad y que debieron ser escuchadas antes de emitirse el decreto.

La Corte explicó que estas declaratorias permiten fijar condiciones sobre el uso y aprovechamiento de los terrenos para conservar los recursos naturales. Por lo que establecer un Área Natural Protegida “no significa perder la propiedad de los terrenos”.

Se trata de un respaldo que se encuentra en el artículo 27 de la Constitución, esto permite imponer modalidades a la propiedad privada por razones de interés público y así regular el aprovechamiento de los elementos naturales para su conservación. 

¿Qué pasa con la propiedad dentro de un Área Natural Protegida?

La persona puede conservar su terreno, aunque las actividades que realice deberán ajustarse a las condiciones de protección ambiental correspondientes.

Eso significa que la titularidad del predio y las reglas para aprovecharlo son asuntos distintos. Mientras que la declaratoria puede establecer límites al uso del suelo sin que, por ese solo hecho, la propiedad pase a manos de la autoridad.

“La propiedad de un terreno puede mantenerse dentro de un Área Natural Protegida”, explicó la Corte. Sin embargo, el aprovisionamiento debe respetar las modalidades establecidas para proteger el derecho a un medio ambiente sano.

Se trata de una resolución que aborda las condiciones de uso, pero no establece una autorización general para que las autoridades puedan acceder a una propiedad privada.

En conclusión: para las personas que tienen terrenos dentro de estas zonas, la decisión implica conservar la propiedad y ejercer sus derechos de participación, al tiempo que deben atender las reglas ambientales que rigen su uso.

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