SCJN avala extinción de fideicomisos: ¿qué significa?
La eliminación de fideicomisos públicos —una de las decisiones más debatidas en los últimos años— ya tiene el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero más allá del fallo, la duda clave es qué cambia realmente en el manejo de los recursos públicos.
El máximo tribunal concluyó que la desaparición de estos mecanismos no es inconstitucional, al tratarse de una decisión vinculada a la forma en que el Estado administra el dinero. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
La Corte valida la eliminación de fideicomisos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la reforma que permitió extinguir diversos fondos y fideicomisos no violó la Constitución.
De acuerdo con el fallo, “no se acreditaron violaciones con potencial invalidante en el proceso legislativo”, por lo que el decreto impugnado mantiene su validez.
Además, el Pleno consideró que la decisión del Congreso estuvo justificada, al tratarse de instrumentos que forman parte de la operación del Ejecutivo.
¿Qué significa esto en la práctica?
Uno de los puntos centrales del fallo es que la eliminación de fideicomisos no implica, por sí misma, una afectación a derechos.
La Corte explicó que:
“la eliminación de fideicomisos y la modificación de fondos no implican, por sí mismas, una afectación a derechos fundamentales”, sino un cambio en la forma en que se administran los recursos públicos.
Es decir, el dinero no desaparece, sino que pasa a gestionarse mediante mecanismos presupuestarios tradicionales.
Uso del gasto y obligaciones del Estado
El máximo tribunal también dejó claro que este tipo de decisiones deben cumplir ciertos criterios.
En ese sentido, señaló que “basta con que las decisiones sean razonables” en materia de gasto público, siempre que exista una relación entre los cambios y objetivos como la transparencia o la eficiencia.
Asimismo, subrayó que, aunque algunos fideicomisos estaban vinculados a derechos, el Estado sigue obligado a garantizarlos, ahora mediante otras vías institucionales.
En conclusión, la resolución de la Suprema Corte avala que el gobierno federal reorganice el manejo de recursos públicos sin necesidad de fideicomisos, siempre que se respeten los derechos humanos y se mantenga la obligación de garantizar su cumplimiento.
