Rubén Rocha Moya: ¿qué sigue en el caso en términos legales?
Autoridades de Estados Unidos han señalado al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros funcionarios mexicanos por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.
Aquí, en el sitio El Mundo del Derecho te compartimos qué han dicho las autoridades y cuáles son los siguientes pasos en el tema.
¿Qué dijeron las autoridades de Estados Unidos?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el gobernador de Sinaloa fue acusado ante un tribunal federal de dicho país de cargos presuntamente relacionados con el narcotráfico.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, también se les señala a otros nueve funcionarios mexicanos.
“Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.
¿Qué ha dicho el gobernador?
Tras la noticia, el gobernador de Sinaloa rechazó las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. A través de la red social X, destacó que carecen de veracidad y fundamento.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, se lee en X.
De acuerdo con Rocha Moya, las acusaciones en su contra están violentando la soberanía nacional que es un término constitucional en México.
“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”.
¿Qué sigue en términos legales?
Sobre este tema, La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril a las 18 horas recibió “solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos”.
Aunque señaló que no se cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas, explicó que se procederá conforme a la Ley de Extradición Internacional.
“De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”.
En conclusión, por ahora es la Fiscalía General de la República quien deberá determinar si existen elementos probatorios con base en el sistema jurídico mexicano y la viabilidad del proceso que demanda Estados Unidos.
