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Reforma constitucional: puntos claves de la iniciativa para eliminar pensiones millonarias a exfuncionarios

El gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una iniciativa de reforma constitucional que busca eliminar las “pensiones millonarias” que tienen algunos exfuncionarios en México. ¿En qué consiste?

Aquí, en el sitio el Mundo del Derecho te compartimos los puntos claves de este proyecto que busca eliminar privilegios en las dependencias del Estado.

¿Para quiénes va dirigida la reforma?

La iniciativa que plantea el ejecutivo federal está destinada a las y los exfuncionarios de confianza que hasta el momento reciben pensiones millonarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al decir que esta medida no aplicará para las y los trabajadores de base con tratados colectivos, sino únicamente de los altos mandos que reciben enormes cantidades del erario público.

“Nos estamos refiriendo a aquellos trabajadores de confianza, los altos mandos que a la fecha con recursos públicos, o sea recursos del pueblo, les tenemos que seguir pagando altísimas pensiones”.

¿Cómo reducirá la pensión de exfuncionarios?

De acuerdo con la primera mandataria, la reforma constitucional tiene el objetivo de que a partir de ahora “la pensión sea la mitad de lo que gana el titular del ejecutivo federal como pensión”.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo puntualizó que tras su aprobación en el Congreso, estas personas ganarán alrededor de 70,000 pesos mensuales.

“Lo que ganaron antes ya no se puede mover, pero a partir de ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar los privilegios, pagando un millón de pesos mensuales”.

¿Qué leyes se reformarán?

Esthela Damián Peralta, consejera jurídica del ejecutivo federal, informó que con esta reforma se modificará el artículo 127 de la Constitución Política de México en materia del límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

En la conferencia matutina de este miércoles 18 de febrero, Peralta señaló que la iniciativa será enviada al Senado de la República para su revisión y en todo caso, aprobación.

Finalmente, la consejera jurídica destacó que esta iniciativa se basa en tres principios básicos: la austeridad republicana, el humanismo mexicano y la responsabilidad financiera.

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