Reforma constitucional contra la extorsión: ¿en qué consiste y a quiénes podría beneficiar?
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El gobierno federal alista una reforma constitucional para elevar la extorsión a delito grave y permitir su persecución de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal.
Así lo anunció este martes la presidenta Claudia Sheinbaum, al advertir que este delito ha cobrado fuerza en el país y requiere una respuesta más firme desde el Estado. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
“La extorsión es el delito que está creciendo, el que no hemos podido disminuir… La víctima somos todas y todos; la víctima es el Estado”, declaró durante su conferencia matutina del martes 8 de julio desde el Palacio Nacional.
¿En qué consiste la reforma constitucional contra la extorsión?
La propuesta contempla modificar el artículo 19 constitucional para incluir la extorsión entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. También busca reformar diversas leyes secundarias —como el Código Penal Federal y la Ley contra la Delincuencia Organizada— con el objetivo de tipificar nuevas formas de extorsión que han proliferado en los últimos años. Entre ellas se encuentran el cobro de piso, las amenazas telefónicas, los fraudes digitales tipo montadeudas y los chantajes bancarios.
Actualmente, la persecución del delito depende de que la víctima interponga una denuncia, lo que en muchos casos no ocurre por miedo a represalias.
“Le estamos quitando a la víctima ese peso”, sostuvo Sheinbaum, al explicar que ahora será el Estado quien asuma la responsabilidad de investigar y sancionar a los responsables, aun sin denuncia directa.
Esto permitiría cerrar brechas legales que han favorecido la impunidad en delitos cometidos por grupos criminales.
¿A quién beneficiaría esta reforma?
El cambio legal beneficiaría principalmente a personas y negocios que hoy enfrentan amenazas constantes y no denuncian por temor a represalias. También se busca proteger a pequeños comerciantes, transportistas, repartidores y locatarios, quienes suelen ser blanco de extorsiones por parte del crimen organizado o de estafas digitales.
Es decir que al asumir la persecución del delito como una obligación estatal, el gobierno pretende reducir el riesgo y el silencio forzado que hoy impera entre las víctimas.
Además, se busca fortalecer la capacidad del Estado mexicano para desmantelar redes delictivas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, será la encargada de aplicar una estrategia nacional contra la extorsión, basada en inteligencia financiera, herramientas tecnológicas de rastreo y atención directa a víctimas.
“Vamos a ir a fondo contra este delito, que se ha convertido en una fuente de financiamiento para organizaciones criminales”, finalizó Harfuch.
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