Las elecciones judiciales se aproximan, y por ello es natural que muchas personas en México tengan dudas respecto a la formación y experiencia de quienes buscan integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a otras instancias fundamentales del Poder Judicial. En este escenario, resulta clave conocer el recorrido profesional de cada aspirante, como es el caso de Natalia Téllez Torres Orozco.
En “El Mundo del Derecho” tenemos el compromiso de brindarte información veraz y accesible, por eso a continuación te explicamos los elementos más destacados del perfil de la candidata Natalia Téllez Torres Orozco.
Natalia Téllez Torres Orozco es magistrada especializada en temas de anticorrupción en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aspira a convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su nombre aparecerá junto al número 31 en la boleta morada durante la elección del 1 de junio.
Téllez Torres Orozco es licenciada y maestra en Derecho. Se ha desempeñado como profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Escuela Libre de Derecho, destacando por su sólida trayectoria en el ámbito del Derecho Constitucional.
Para ella, el ejercicio de la función jurisdiccional debe garantizar una justicia efectiva y sustancial, más allá de lo meramente formal, atendiendo las desigualdades estructurales y protegiendo los derechos humanos. Considera que la Suprema Corte debe interpretar la Constitución con una perspectiva progresista, asegurando que las normas se apliquen con equidad. En su visión, el trabajo del máximo tribunal debe enfocarse en los sectores más vulnerables, eliminando obstáculos para acceder a la justicia y consolidando el Estado de Derecho a través de resoluciones que tengan impacto real en la sociedad.
Incluso la candidata está convencida de que la administración de justicia debe ser accesible, eficiente y cercana a la ciudadanía, evitando el uso de tecnicismos que dificulten su comprensión. Sostiene que la Corte debe aplicar la ley sin influencias de poder o riqueza, garantizando imparcialidad en cada decisión. Además, subraya la importancia de que los criterios judiciales protejan a los grupos históricamente excluidos, promoviendo un sistema judicial transparente, justo y con enfoque en derechos humanos que fortalezca la democracia del país.