¿Quién controlará ahora el internet y la radio en México? Esto dice la nueva ley
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El Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, 77 votos a favor y 30 en contra el nuevo marco legal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que transforma por completo la estructura regulatoria del sector y plantea nuevos retos en privacidad, transparencia y acceso universal.
Se trata de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual será turnada ahora a la Cámara de Diputados. Esta legislación reemplaza al marco anterior, crea nuevas instituciones y redefine las facultades regulatorias sobre radio, televisión, internet y datos personales. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
Conectividad, control del espectro y regulación del contenido: tres pilares de la nueva ley
El dictamen contempla la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de dos nuevas figuras: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), como órgano de Estado, y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un ente técnico descentralizado que asumirá funciones clave como la asignación del espectro, la vigilancia del cumplimiento normativo y la resolución de controversias en el sector.
Uno de los ejes centrales de la reforma es garantizar la conectividad como derecho social. Para ello, la ley faculta a la CFE a operar servicios de telecomunicaciones en zonas marginadas, al tiempo que establece reglas para promover la competencia en la infraestructura digital y crear condiciones para la expansión de cobertura a nivel nacional. También se prevén estímulos fiscales para operadores que inviertan en regiones de alta marginación.
En paralelo, el rediseño institucional concentra la administración del espectro radioeléctrico y las concesiones bajo la nueva CRT, cuyos cinco comisionados serán propuestos por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado. Esta figura será la responsable de autorizar transmisiones, imponer sanciones, emitir lineamientos técnicos y vigilar el cumplimiento de códigos de ética. La medida ha generado inquietudes sobre la independencia del regulador.
Otro aspecto fundamental es la regulación del contenido. La ley establece que todos los concesionarios deberán contar con defensores de audiencia y separar con claridad el contenido informativo del opinativo. Asimismo, otorga a la CRT la posibilidad de suspender temporalmente transmisiones de radio o televisión en caso de incumplimientos graves, tras un apercibimiento formal, lo que ha encendido alertas sobre eventuales riesgos a la libertad de expresión.
Funcionarios defienden la legalidad y alcance social de la reforma
En tribuna, la senadora morenista Lucía Meza Guzmán defendió la iniciativa señalando que “esta nueva ley responde a una deuda histórica con la conectividad, y pone en el centro los derechos de las audiencias y el acceso equitativo a la información”. Destacó que la participación ciudadana estará garantizada mediante comités consultivos que formarán parte de la ATDT.
Por su parte, el senador Javier Corral, de Movimiento Ciudadano, subrayó que el dictamen fue corregido para eliminar cualquier posibilidad de censura digital, como el polémico artículo 109 de versiones anteriores. “Hemos garantizado que no habrá injerencia arbitraria del Estado sobre contenidos digitales, y se preserva el derecho a la información libre y plural”, aseguró.
En contraste, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que la nueva estructura otorga al Ejecutivo federal un poder excesivo sobre el ecosistema digital. “Nos preocupa que ahora el gobierno pueda vigilar, sancionar o suspender contenidos sin una clara supervisión judicial, lo que podría abrir la puerta al espionaje o a la censura velada”, declaró ante medios.
Lo que sigue: armonización, análisis y vigilancia jurídica
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen será discutido en la Cámara de Diputados, donde podría recibir modificaciones. En caso de mantenerse el texto, se abrirá un periodo para armonizar leyes secundarias y reglamentos técnicos, así como para establecer el calendario de desaparición del IFT y la entrada en funciones de los nuevos órganos.
Diversas organizaciones civiles, como Article 19 y Access Now, han llamado a vigilar la implementación de la ley, especialmente en lo relativo a la geolocalización en tiempo real de usuarios, la retención de datos por 24 meses y las atribuciones de suspensión precautoria de contenidos. Consideran que estas facultades deben acompañarse de salvaguardas judiciales claras.
En tanto, el Gobierno federal ha insistido en que se trata de una ley moderna, con enfoque de derechos y diseñada para cerrar la brecha digital. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la reforma señalando que “México necesita una regulación eficaz, transparente y con justicia digital; no más privilegios ni censura, sino inclusión con reglas claras y visión social”.
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