¿Qué pasa si se otorgó el registro de una marca por error? Esto dice la Corte
Obtener el registro de una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no significa necesariamente que éste sea definitivo para siempre.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que un registro marcario sí puede anularse cuando fue otorgado indebidamente por error, inadvertencia o diferencias de apreciación por parte de la autoridad, siempre que exista un procedimiento legal. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
Avalan cancelar registros otorgados indebidamente
La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó un caso relacionado con una disposición de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que permite anular registros de marcas concedidos de manera incorrecta.
Una empresa argumentó que términos como “error”, “inadvertencia” o “diferencia de apreciación” eran ambiguos y podían generar incertidumbre jurídica para quienes obtienen una marca registrada.
Sin embargo, la Corte confirmó que “sí se puede anular un registro de marca otorgado indebidamente” y validó la constitucionalidad de la norma impugnada.
Nulidad sin aplicarse de manera automática
El Alto Tribunal aclaró que la cancelación de una marca no ocurre de forma inmediata ni discrecional por parte de autoridades administrativas.
La SCJN explicó que la nulidad “solo puede declararse mediante un procedimiento tipo juicio” en el que las partes involucradas tengan oportunidad de defenderse.
Esto implica que la persona titular de la marca:
- debe ser escuchada.
- puede presentar pruebas.
- y tiene derecho a recibir una resolución debidamente fundada y motivada.
La Corte sostuvo que este mecanismo protege tanto la seguridad jurídica como el derecho de audiencia y defensa.
Evitar registros indebidos y competencia desleal
La SCJN también señaló que permitir la anulación de registros otorgados incorrectamente ayuda a evitar que una persona o empresa conserve derechos marcarios obtenidos de manera indebida.
Además, el criterio busca fortalecer condiciones de competencia más equitativas dentro del mercado y evitar ventajas derivadas de errores administrativos.
El Alto Tribunal precisó que, aunque algunos conceptos previstos en la ley no estén definidos de manera exacta, éstos pueden interpretarse conforme al sistema jurídico y analizarse caso por caso.
