¿Qué derechos se deben garantizar para las personas de talla baja? Esto dice la ley
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En México, ser de talla baja no debería significar enfrentar barreras para estudiar, trabajar o moverse por la ciudad. Sin embargo, en la vida diaria todavía existen obstáculos que limitan la inclusión.
Por eso, la ley reconoce esta condición como una discapacidad física y obliga a garantizar derechos y condiciones que permitan la participación plena de este sector de la población. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
Reconocimiento que abre puertas
Desde 2018, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad incluyó de forma explícita a las personas de talla baja dentro de sus disposiciones.
Esto significa que gozan de los mismos derechos que cualquier otra persona con discapacidad reconocida por la ley: accesibilidad, no discriminación, equidad, justicia social, dignidad y autonomía.
En palabras simples: la ley obliga a que las instituciones públicas y privadas eliminen barreras y aseguren que estas personas puedan participar plenamente en la vida comunitaria, en igualdad de condiciones.
Adaptaciones que hacen la diferencia
En estados como Sonora, Coahuila, Michoacán, Nayarit, Guanajuato, Querétaro y en la Ciudad de México se han impulsado reformas para instalar el “escalón universal” en edificios públicos e, incluso, en espacios privados de acceso común. Este elemento, aunque sencillo, facilita el acceso seguro a mostradores, ventanillas y servicios.
Incluso en la capital del país, el Congreso local ha solicitado renovar mobiliario urbano, modificar alturas y adaptar espacios para eliminar obstáculos. Además, organismos como la CNDH y el COPRED han recomendado crear estadísticas específicas para conocer el número real de personas de talla baja y diseñar políticas públicas que respondan a sus necesidades.
Protección contra la discriminación
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación prohíbe de forma directa cualquier acto que excluya a las personas por su estatura o condición física. Esto incluye el acceso al empleo, la educación, la salud y los espacios públicos.
En el ámbito laboral, las empresas y dependencias están obligadas a garantizar igualdad de oportunidades y, cuando sea necesario, realizar ajustes razonables para que las personas de talla baja puedan desempeñar sus funciones.
Lo que falta por hacer
Aunque en el papel los derechos están claros, en la práctica aún hay pendientes: muchas ciudades siguen sin infraestructura adaptada, los entornos urbanos están diseñados para personas de estatura promedio y la discriminación persiste en diversos ámbitos.
La verdadera inclusión no solo depende de cumplir la ley, sino de transformar actitudes y espacios para que la estatura nunca sea un obstáculo para ejercer derechos y vivir con dignidad.
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