¿Qué castigo se podría aplicar en CDMX por uniformes falsos? Esto dice la iniciativa
Vestir un uniforme puede generar confianza inmediata… y por esa razón se ha convertido en una herramienta para cometer delitos. Se registran casos en la Ciudad de México, donde personas se hacen pasar por trabajadores o autoridades para ingresar a viviendas, engañar o incluso extorsionar.
Ante este problemática, en el Congreso local ya se plantea una iniciativa para endurecer las sanciones de quienes planean delinquir. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles al respecto.
¿En qué consiste la iniciativa?
La iniciativa fue impulsada por la diputada Circe Camacho Bastida, quien propone reformar el Código Penal de la Ciudad de México en materia de usurpación de funciones.
El objetivo es sancionar con mayor severidad a quienes utilicen uniformes, insignias o elementos oficiales sin autorización, especialmente cuando estos se empleen para generar confianza y facilitar delitos.
En ese sentido, se advierte que “su utilización indebida no sólo implica un engaño individual… es una afectación directa al orden público”.
Además, la propuesta contempla que también se castigue el uso de credenciales, placas, documentos o incluso vehículos con apariencia oficial.
Este sería el castigo por usar uniformes falsos
Actualmente, el delito de usurpación de funciones contempla penas de 1 a 6 años de prisión, además de sanciones económicas.
Sin embargo, con la reforma, las penas podrían endurecerse de forma importante:
• Hasta 9 años de prisión en los casos más graves
• Aumento de la pena hasta en una mitad adicional si el uniforme se usa para cometer otro delito
• Multas económicas más elevadas
También se plantea agravar las sanciones cuando exista beneficio económico o cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables.
Un problema que va más allá del engaño
El uso de uniformes falsos no solo implica suplantación, sino un riesgo directo para la seguridad de las personas.
Este tipo de prácticas permite a los agresores acercarse a sus víctimas sin generar sospecha, lo que facilita robos, extorsiones o fraudes.
Por ello, la iniciativa busca no solo castigar estas conductas, sino también frenar un patrón delictivo que se aprovecha de la confianza en las instituciones.
