¿Pueden las empresas de telecomunicaciones usar la misma infraestructura? Esto dijo la SCJN
¿Sabías que las redes y torres de telecomunicaciones podrán ser compartidas entre distintas empresas del sector? La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que esta medida es constitucional, al considerar que fomenta la competencia, mejora la conectividad y no afecta la propiedad privada de las compañías.
Según informó el máximo tribunal, “la obligación de compartir infraestructura tiene un fin legítimo de interés público: mejorar la conectividad, ampliar la cobertura y reducir los costos de los servicios”.
Con ello, se busca garantizar que los usuarios tengan acceso a mejores precios y servicios de calidad en todo el país. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
¿Qué promovió la decisión?
La decisión deriva del Amparo en Revisión 10/2025, promovido por diversas empresas del sector que impugnaron la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los Lineamientos que regulan el uso compartido de infraestructura, al considerar que dichas normas vulneraban su derecho de propiedad.
La SCJN, sin embargo, ratificó que el marco normativo es válido, al determinar que “la obligación de compartir infraestructura no significa perder la propiedad: los concesionarios siguen como dueños, pero deben permitir que otros usen la infraestructura si es necesario para llegar a más usuarios”.
Con esta resolución, el Pleno de la Corte subrayó que el objetivo es fortalecer la competencia y ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones, en beneficio directo de la población.
Competencia sin afectar la propiedad privada
A través de su mensaje institucional, la Suprema Corte reiteró que “la #NuevaSCJN impulsa competencia y mejores precios para todas y todos, sin afectar la propiedad privada de las empresas”.
El fallo confirma que compartir infraestructura —como antenas, redes o torres— no implica transferir la propiedad de los activos, sino optimizar su uso para lograr una mayor cobertura y eficiencia en el sistema nacional de telecomunicaciones.
De esta forma, el máximo tribunal consolidó un precedente que equilibra los derechos empresariales con el interés público, al promover un acceso más equitativo y competitivo a los servicios digitales en México.
