Tras realizarse las elecciones judiciales y registrar una baja participación entre los electores mexicanos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó fuertes reservas en su informe preliminar tras analizar dicho ejercicio electoral.
De acuerdo con el documento presentado el pasado 6 de junio, la Misión de Observación Electoral (MOE) dejó clara su postura: no recomienda replicar este modelo en otros países de la región. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te compartimos los detalles al respecto.
La respuesta involucra varios factores clave que, a juicio del organismo, comprometen la independencia, la eficacia y la claridad del proceso judicial. Uno de los principales cuestionamientos de la OEA gira en torno a la complejidad del modelo electoral.
En su informe, la misión señaló que el proceso fue “sumamente complejo y polarizante”, con boletas difíciles de comprender, escasa visibilidad de los perfiles postulantes y una baja participación ciudadana, estimada en apenas 13%.
A esto se suma la preocupación por el limitado acceso a información por parte del electorado. La OEA detectó que muchos votantes no conocían a los candidatos ni entendían con claridad las funciones de los cargos en disputa, lo cual genera un riesgo de que las decisiones no se basen en criterios técnicos o profesionales.
“Hubo confusión generalizada, una deficiente estrategia de comunicación institucional y una exposición desigual de candidaturas”, señala el informe preliminar.
Otro punto crítico en el diagnóstico de la OEA es el riesgo de captura política del Poder Judicial. Aunque reconoció avances en la organización técnica de la jornada —como la paridad de género y la ausencia de violencia en la mayoría del país—, el organismo alertó sobre la posibilidad de que el modelo mexicano exponga a los jueces al juego político-electoral.
En palabras del informe: “El modelo de elección por voto popular podría afectar la imparcialidad judicial si no se acompaña de salvaguardas institucionales robustas y una cultura cívica consolidada”.
Además, la misión observadora criticó la falta de un marco normativo integral que regule de forma específica este tipo de comicios, lo que deja espacio para la ambigüedad y la influencia indebida.
La postura crítica de la OEA no fue bien recibida por el gobierno mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que el organismo “rebasó su mandato”, ya que su papel debía limitarse a observar el desarrollo logístico de la jornada electoral, y no a cuestionar el diseño institucional definido por México.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la OEA no tiene competencia para opinar sobre los mecanismos de designación del Poder Judicial, y sostuvo que la elección fue un ejercicio democrático sin precedentes.
Aunque el informe de la OEA es preliminar, sus observaciones apuntan a una revisión a fondo del modelo antes de que se plantee su permanencia o expansión. La recomendación es clara: no adoptar este esquema en otros países sin antes atender sus fallas estructurales.
La discusión, sin embargo, apenas comienza. ¿Puede una elección por voto popular garantizar jueces independientes y técnicamente preparados? ¿O se corre el riesgo de politizar aún más al Poder Judicial? La experiencia mexicana será ahora referencia obligada para otros países en la región.