¿Perderían el triunfo los candidatos denunciados por violencia de género? Esto respondió el INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta ahora no se ha encontrado evidencia contundente que permita revocar los triunfos obtenidos por candidatos judiciales señalados por violencia de género u otras conductas graves, como abuso sexual o incumplimiento de obligaciones alimentarias.
Pero, ¿qué sigue ahora para los candidatos denunciados? Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
¿Qué sigue para los casos denunciados?
De acuerdo con Claudia Edith Espino, encargada de la Secretaría Ejecutiva del INE, se han recibido 38 reportes ciudadanos relacionados con diversos perfiles que contendieron en la elección del Poder Judicial celebrada el pasado 1 de junio. No obstante, hasta el momento ninguno de los expedientes ha derivado en sanciones que puedan modificar los resultados electorales.
“Se están analizando todas las denuncias. Hasta ahora, no hemos hallado elementos que sustenten una remoción del cargo a partir de esas conductas”, precisó Espino.
El INE explicó que se encuentra en la fase final del análisis de estas observaciones ciudadanas, y espera tener una resolución antes del 15 de junio, fecha límite para validar oficialmente los resultados y entregar las constancias de mayoría a quienes resultaron electos.
Por su parte, el consejero electoral Martín Faz Mora recordó que el INE no tiene atribuciones para anular directamente los resultados por estos motivos, ya que se trata de una facultad exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Cualquier modificación al resultado tendría que derivar de un proceso legal sustentado con pruebas claras.
“El INE puede recibir denuncias, pero es el Tribunal quien resuelve si procede una impugnación con base en hechos probados, no en suposiciones”, subrayó el consejero Faz.
¿Cómo se denuncian estos casos?
Como parte de su estrategia de vigilancia, el INE habilitó un micrositio de participación ciudadana donde cualquier persona puede reportar si alguna candidatura incumple con los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Constitución, o si incurre en conductas descritas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), como violencia política de género, delitos sexuales o ser deudor alimentario.
Estas herramientas forman parte del principio de “8 de 8 contra la violencia”, que busca impedir que personas con antecedentes de violencia accedan a cargos públicos.
El instituto reiteró que mantendrá abiertos los canales de denuncia y continuará con la revisión de los expedientes para garantizar que quienes asuman cargos en el Poder Judicial lo hagan sin antecedentes que vulneren derechos fundamentales, en particular los de mujeres, niñas y niños.
