Pensión alimentaria: ¿qué discutirá la Suprema Corte al respecto?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un caso que podría marcar un precedente en la forma en que se establecen las obligaciones de pensión alimentaria cuando existen indicios de violencia vicaria.
El objetivo es determinar cómo deben protegerse los derechos de niñas y niños en conflictos familiares donde la violencia se utiliza como herramienta de control o castigo hacia la madre. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
Violencia vicaria y justicia con enfoque social
El asunto permitirá a los ministros definir nuevos criterios con perspectiva de género y enfoque en el interés superior de la niñez, fortaleciendo la protección efectiva de los menores en juicios de pensión alimenticia.
Según el comunicado, la SCJN buscará “valorar cómo garantizar una protección efectiva a niñas y niños, considerando las dinámicas de violencia familiar”.
La Corte resaltó que su intervención en este tipo de controversias reafirma su compromiso con “una justicia sensible a las realidades sociales”.
El estudio de fondo permitirá a los ministros definir cómo deben aplicarse los criterios de protección alimentaria en contextos donde se denuncien patrones de violencia, buscando evitar que niñas y niños queden desprotegidos o que la pensión se utilice como un instrumento de control o castigo hacia las víctimas.
De acuerdo con el caso identificado como Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 672/2025, la discusión será un paso clave para delimitar la manera en que las autoridades deben equilibrar el derecho a los alimentos con la obligación de prevenir y sancionar la violencia de género dentro del ámbito familiar.
Otros temas en la agenda
Además del tema alimentario, la SCJN atraerá una controversia relacionada con los contratos mercantiles celebrados por instituciones financieras públicas.
En este caso, los ministros estudiarán si una institución puede ser obligada a cubrir deudas que no le corresponden bajo la figura de contrato revolvente.
El asunto, registrado como Facultad de Atracción 655/2025, busca definir los alcances de responsabilidad de las entidades públicas en los contratos que celebran y ofrecer mayor certeza jurídica a la ciudadanía.
“El análisis permitirá que las relaciones contractuales sean más claras y justas, evitando que alguien sea obligado a pagar una deuda que no contrajo”, explicó la Corte.
Compromiso con el Estado de Derecho
Al atraer ambos casos, la Nueva Corte subrayó que su labor no solo consiste en resolver conflictos, sino también en fortalecer el Estado de Derecho y consolidar una justicia con enfoque humano.
Con ello, el tribunal más alto del país continúa sentando precedentes que impactan directamente en la vida cotidiana de las personas, desde la protección económica de las familias hasta la responsabilidad de las instituciones públicas.
“La Nueva Corte reafirma su compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho y con una justicia sensible a las realidades sociales”, concluye el comunicado oficial.
