Ministras y ministros ya tendrán límite: ¿cuántos años durará su función en la Suprema Corte?
Con la implementación del nuevo modelo de justicia derivado de la reforma judicial aprobada en 2024, México ha iniciado un proceso inédito: la elección directa de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este cambio no solo modificó el método de selección, sino también el periodo durante el cual las ministras y ministros ejercerán sus funciones.
El 1 de septiembre de 2025, los nuevos integrantes de la Corte tomarán posesión de sus cargos. A diferencia del esquema anterior —en el que los ministros eran propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado para un periodo de 15 años—, ahora desempeñarán su labor durante 12 años, sin opción de reelección. Esta disposición forma parte de la nueva redacción del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras su reforma.
La duración fija y no renovable tiene como objetivo fomentar una mayor estabilidad institucional y reforzar la independencia del Poder Judicial frente a presiones externas. Además, se busca evitar que los ministros prolonguen su influencia dentro del máximo tribunal más allá del mandato establecido por la ciudadanía.
Presidencia de la Corte: ¿quién la encabeza y por cuánto tiempo?
Uno de los aspectos más innovadores de la reforma judicial es el cambio en la designación de la presidencia de la SCJN. A partir de ahora, este encargo no será resultado de una votación interna entre los ministros, como ocurría anteriormente. En su lugar, el cargo de presidente o presidenta recaerá en la persona que haya recibido la mayor cantidad de votos en la elección popular.
El periodo de presidencia será de dos años, sin posibilidad de reelección inmediata. Esto significa que la cabeza del máximo órgano judicial será renovada con mayor frecuencia, permitiendo una conducción más dinámica y representativa de la voluntad ciudadana. Esta medida también pretende reducir el riesgo de concentración de poder dentro del órgano judicial más importante del país.
Cabe recordar que esta figura no solo representa al Poder Judicial ante otros poderes de la Unión, sino que además administra los recursos del Consejo de la Judicatura Federal y preside sus sesiones. Por ello, el perfil que ocupe la presidencia tendrá un papel determinante en la ejecución y supervisión de los proyectos de transformación judicial.
El rediseño del máximo tribunal
Otro de los cambios estructurales que trajo consigo la reforma es la disminución en el número de integrantes de la Corte. Mientras que anteriormente la SCJN estaba conformada por once ministros, ahora estará integrada únicamente por nueve. Esta modificación busca optimizar los tiempos de resolución de controversias constitucionales y hacer más ágil la toma de decisiones en el Pleno.
Además de reducir el número de integrantes, el nuevo diseño del tribunal también contempla criterios de paridad y representación regional, con el fin de asegurar un perfil más plural dentro del órgano de justicia. Esta reconfiguración del máximo tribunal mexicano forma parte de una transformación más profunda, cuyo propósito es acercar el sistema judicial a la población y garantizar un acceso más equitativo a la justicia.
Según el dictamen de reforma aprobado en septiembre de 2024, la disminución en el número de ministras y ministros pretende también una reducción en el gasto público destinado al Poder Judicial, sin comprometer su autonomía ni su funcionamiento.
Un cambio de fondo en el sistema judicial
La elección directa de jueces, magistrados y ministros representa un parteaguas en la historia política y jurídica del país. La reforma judicial no solo modifica estructuras internas, sino que también pretende acercar al Poder Judicial a la ciudadanía, promoviendo una visión más transparente, austera y orientada al servicio público.
Desde la perspectiva de diversos especialistas, este modelo introduce nuevos retos, como la necesidad de mantener la independencia judicial frente a posibles presiones electorales. No obstante, sus defensores aseguran que se trata de un paso necesario para reconstruir la confianza social en las instituciones de justicia.
Con estos cambios en la SCJN, el país inicia una etapa distinta, en la que la ciudadanía no solo elige a sus representantes legislativos o ejecutivos, sino también a quienes tendrán la responsabilidad de impartir justicia en los niveles más altos del sistema.
