Lo que sigue a la elección judicial
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Por: Antonio Holguin Acosta
Una vez que se han dado a conocer los nombres de las personas que resultaron electas para ocupar diversos cargos dentro del Poder Judicial Federal por los próximos años, puede considerarse que ha concluido ese proceso inédito de elección judicial que estableció la reforma Constitucional de septiembre de 2024. Si bien podría debatirse ampliamente sobre aquellos aspectos que se tendrían o que podrían mejorar para los ejercicios posteriores de votación en esta materia, lo cierto es que el proceso inicialmente planteado se pudo llevar a cabo y el objetivo de que quienes ocupen los cargos de ministros, magistrados y jueces fueran electos mediante el voto de los ciudadanos también se concretó -sin estar exento de fuertes cuestionamientos realizados por diversos sectores-. Sin embargo, esto no implica que nuestro país haya superado los problemas que enfrenta en materia de impartición y procuración de justicia. La elección es sólo un paso más dentro de un conjunto más amplio de acciones que se tendrán que implementar para lograr un México seguro, libre y de derechos al que todos aspiramos.
Por una parte, es indispensable que aquellas personas que se vieron favorecidas en los procesos de votación dejen clara constancia con sus actos ante la sociedad, de su autonomía, imparcialidad e independencia para dejar de lado cualquier señalamiento sobre vínculos o dependencias políticas o ideológicas. Aún concluido el proceso de elección, persiste la idea generalizada de que en el mismo estuvieron involucrados partidos políticos y otros factores de poder, dejando de lado el hecho de que la formación académica y la experiencia profesional de quienes aspiraban a ocupar esos cargos fueron factores determinantes para la emisión de un voto libre, responsable e informado. Uno de los propósitos básicos de la llamada reforma judicial fue el generar cercanía e identificación entre las personas y aquellos que impartirán justicia, cuestión que difícilmente se podrá lograr si no se genera un vínculo elemental de confianza entre la sociedad y los que resultaron ganadores, a quienes se debe dar la oportunidad de evidenciar con las sentencias que emitan y el sentido que tenga su actuación, que su prioridad es la defensa de la legalidad y la vigencia de los derechos por encima de cualquier otra ideología o afinidad.
En este sentido, el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación sobre el desarrollo y desempeño de esta nueva etapa del Poder Judicial de la Federación se vuelve algo prioritario y necesario. Establecer mecanismos como observatorios judiciales indudablemente contribuirá a fortalecer el sistema de impartición de justicia al fomentar la transparencia y rendición de cuentas, la accesibilidad, la eficacia y la eficiencia, la divulgación y análisis de datos e información relevante que ayuden a identificar áreas de oportunidad, así como propiciar mayor cercanía con los ciudadanos que podrán conocer de manera clara y accesible el funcionamiento y los resultados que obtenga esa nueva estructura jurisdiccional, en cuya integración ha participado con la emisión de sus votos.
Un aspecto que debe procurarse y mantenerse durante esta nueva etapa del Poder Judicial es el de la certidumbre jurídica. La implementación de los cambios constitucionales y legales no puede traer como consecuencia que las personas dejen de ver en las vías jurisdiccionales el elemento base para la estabilidad y certeza en sus relaciones jurídicas. Si bien es deseable que las personas recurran a los medios alternativos de solución de controversias para solucionar los diferendos que surjan entre ellas, recurrir a tal opción no puede estar motivada por considerar que la estructura jurisdiccional del Estado carece de la capacidad y confiabilidad requerida para aplicar la ley de manera libre, objetiva e imparcial. Las leyes y su debida aplicación mediante la actividad jurisdiccional del Estado deben continuar siendo el mecanismo predecible, confiable y legitimado que regule nuestra convivencia y por medio del cual se resuelvan nuestros conflictos.
El proceso que hemos vivido para reformar al Poder Judicial Federal es sólo una primera etapa de otras que necesariamente tendrán que venir, en donde no sólo se aborden las cuestiones relativas a la impartición de justicia, sino también respecto de su procuración, de manera particular en las instancias locales, además de lograr que las problemáticas más inmediatas que surjan entre las personas encuentren mecanismos eficaces y rápidos de atención. La llamada “justicia cotidiana”, aquella por medio de la cual se resuelvan los problemas de la vida diaria de las personas, son origen de la mayoría de los casos que llegan a conocimiento de los tribunales locales, los cuales, según estimaciones de algunas organizaciones de la sociedad civil, resuelven más del 60% de los expedientes judiciales a nivel nacional. Encontrar mecanismos que permitan atender y solucionar asuntos tales como los diferendos vecinales, laborales o aquellos derivados de la convivencia cotidiana, puede ser un factor muy relevante para fortalecer la percepción pública sobre las instituciones, las leyes y las personas encargadas de aplicarlas.
En el Heraldo Media Group, estamos convencidos de la necesidad, conveniencia y relevancia de apoyar los procesos de reforma judicial y acompañar el desarrollo y evolución de este nuevo Poder Judicial Federal, más allá de cualquier diferendo que hubiere existido en su implementación. Desde nuestro campo de actuación contribuimos al proceso de elección con el proyecto que denominamos “Ruta Judicial 2025” que divulgó información relevante sobre el mismo y contribuyó a visibilizar los perfiles de los participantes. Ahora vamos a emprender una nueva etapa con el Observatorio Judicial y la difusión de las acciones que se implementen y las medidas que se adopten para lograr una justicia más completa, cercana y respetuosa de la dignidad y los derechos de todas las personas.
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