Ley contra la extorsión a negocios: ¿qué castigo se busca aplicar?
La extorsión se ha convertido en el delito que más golpea a pequeños comercios, restaurantes, mercados, empresas familiares e incluso cadenas formales. Ante esta creciente presión criminal, el Gobierno Federal y el Congreso impulsan una nueva Ley General contra la Extorsión, diseñada para endurecer sanciones, ampliar su definición legal y permitir que las autoridades investiguen estos casos incluso sin denuncia previa.
La pregunta central es: ¿qué castigos contempla esta nueva legislación y cómo busca proteger a los negocios? Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
Adiós a la extorsión
La iniciativa enviada al Congreso propone la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un marco jurídico que unifica criterios en todo el país. De acuerdo con el proyecto, el delito incluirá hasta 35 modalidades, desde el cobro de piso y las amenazas directas hasta la extorsión digital, el uso indebido de datos personales y la coacción a comerciantes.
La ley convertiría la extorsión en un delito perseguido de oficio, lo que significa que las autoridades podrían iniciar una investigación sin que la víctima presente una denuncia. Esto busca atacar el principal problema: la cifra negra, ya que la mayoría de los comerciantes no denuncia por miedo.
“El Estado debe asumir la carga de investigar la extorsión; no se puede exigir al comerciante que arriesgue su vida para denunciar”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.
¿Qué castigos contempla la iniciativa?
El proyecto plantea sanciones que irían de 6 a 15 años de prisión para quien cometa extorsión, además de multas que podrían alcanzar entre 100 y 500 UMA, dependiendo del caso. Esto aplicaría incluso cuando no se haya concretado un pago.
Las penas aumentan cuando la extorsión involucra violencia, amenazas armadas, participación de servidores públicos, uso de menores de edad o afectaciones directas a negocios y mercados. En esos casos, la sanción podría incrementarse hasta en dos terceras partes.
Uno de los puntos clave es que la ley busca homologar la extorsión en todo el país, eliminando disparidades entre códigos penales estatales. Esto permitiría que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga investigaciones cuando existan indicios de crimen organizado, afectación a cadenas productivas o impacto económico regional.
Además, se plantea un centro nacional de denuncia —incluyendo mecanismos anónimos— y medidas especiales de protección para comerciantes, transportistas y empresarios afectados.
“La extorsión no solo destruye negocios, destruye economías locales enteras”, afirmó en días recientes un legislador que impulsa la reforma desde el Congreso.
En conclusión, la nueva Ley General contra la Extorsión busca convertirse en una herramienta nacional para enfrentar uno de los delitos más extendidos y dañinos del país.
