La importancia del 2025

Por Antonio Holguin

El 2025 se perfila como un momento crucial para el mundo del derecho en México. La convergencia de múltiples factores como el cambio en el gobierno de Estados Unidos de América, la inestabilidad económica de los mercados internacionales, los conflictos geopolíticos a nivel mundial, así como el uso generalizado y diverso de tecnologías como la Inteligencia Artificial, son elementos que, sumados a las problemáticas que nuestro país enfrenta desde hace varios años en materia de inseguridad y violencia, movilidad humana, debilidad del Estado de Derecho, desigualdad y falta de oportunidades, hacen que en este año que inicia se configure un entorno complejo, que se verá aún más enrarecido por los procesos de rediseño de la administración pública, y de replanteamiento del Poder Judicial, derivados de las recientes reformas constitucionales en esas materias.

En medio de todo esto, el derecho y las cuestiones jurídicas se revelan como la pauta y ruta para que podamos transitar en este entorno, donde contar con leyes pertinentes, que efectivamente se cumplan y apliquen, así como con instituciones sólidas y profesionales que sujeten su funcionamiento a la ley y sean guardianes de los derechos de las personas, debe ser una prioridad irrenunciable.

Mucho de lo que fue durante los últimos años la realidad política e institucional de México ha cambiado y por ello las reformas legales que se realicen deberán contribuir a consolidar un marco normativo, estructurado y coherente, que dé seguridad y certidumbre a las personas para el desarrollo de sus actividades cotidianas, a la vez que proporcione a las autoridades y gobiernos, las herramientas para el mejor cumplimiento de sus funciones.

El derecho es un reflejo del desarrollo y evolución de las sociedades y, en ese sentido, sus contenidos deben revisarse y actualizarse cuando las circunstancias y contextos así lo requieran.

El mundo, y México, en particular, viven periodos de redefinición política y económica, advirtiéndose un cambio en sus interacciones y dinámicas sociales y culturales. La realidad de nuestro país, en la que las personas vivimos y nos relacionamos, ha sufrido diversos cambios. Algunos, consecuencia de factores externos y otros, derivados de elementos internos, en específico, de determinaciones tomadas por autoridades y actores institucionales que han sido investidos de poder para ello como resultados de procesos de elección democrática.

Podremos estar de acuerdo o no con esos cambios, pero lo cierto es que la realidad de nuestro país ha cambiado y el derecho y sus actores tienen que reconocer ese cambio y ajustarse al mismo.

El enorme reto es que esos cambios y adecuaciones normativas, a la vez que respondan a las nuevas realidades, no dejen de proporcionar a las personas la confianza y certeza que requiere el normal desarrollo de nuestras vidas.

Es decir, la seguridad jurídica que brinde a cada persona la certidumbre sobre cuál es su status o condición frente a las demás personas y al poder público, así como los derechos y obligaciones que le corresponden, la manera de cumplir con ellos, protegerlos y hacerlos efectivos.

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Por ejemplo, la desaparición de varios organismos constitucionales autónomos que, en algún momento se crearon, no implica que nuestro país renuncie a la transparencia, al acceso a la información, a la rendición de cuentas o que la debida competencia económica deje de existir. Los cambios constitucionales estarían planteando un nuevo entramado institucional para asumir esas tareas, lo cual no significa que se nieguen o restrinjan derechos o se imposibilite su ejercicio y vigencia.

Mantener y fortalecer la certidumbre jurídica es una prioridad para el 2025. Los cambios constitucionales y legales no deben traer como consecuencia que las normas jurídicas dejen de proporcionar a las personas la razonable estabilidad que requiere la construcción de relaciones jurídicas, entre ellas, atendiendo a sus deseos e intereses personales y profesionales, sin que ello pueda quedar subordinado o condicionado a filiaciones o simpatías políticas o ideológicas.

Estos cambios normativos tendrán que ser respetuosos de las situaciones jurídicas ya creadas, a efecto de no restar la credibilidad y confianza pública en el sistema jurídico, así como la estabilidad de las relaciones llevadas a cabo dentro del mismo. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha señalado que la incertidumbre jurídica afecta los derechos de los gobernados y propicia que queden en estado de indefensión al evitar que tengan un conocimiento cierto sobre el contenido de las leyes, al igual que respecto a la forma y alcances con que las autoridades actuarán con base en las mismas. La certidumbre jurídica es una defensa frente a la arbitrariedad.

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La seguridad jurídica es un elemento integral de la democracia, la cual se caracteriza por la sujeción de todas las personas, incluidas las autoridades, al contenido de la ley, la cual constituye el piso común sobre el cual construimos y llevamos a cabo nuestra convivencia diaria, lo cual posibilita que la misma se desarrolle de manera pacífica.

La falta de normas, su indebida aplicación o el que sus contenidos vulneren los derechos de las personas, son factores que generan inseguridad jurídica e ingobernabilidad. Todo ello propicia que surjan conflictos y lleva a que el orden, que tendrían que imponer las leyes y las instituciones, lo busquen las personas al margen de estas, siendo el uso de la fuerza y la violencia una tentación latente para ello.

El Derecho debe continuar siendo el mecanismo predecible, confiable y legitimado que regule nuestra convivencia y por medio del cual se resuelvan nuestros conflictos. El 2025 será un año en el que el derecho y las instituciones deberán salir fortalecidos por el bien de todas las personas.