¿Hay sanciones por realizar bloqueos en México? Esto dice la Ley 

Protestas es un derecho para los mexicanos, pero bloquear calles puede convertirse en un delito. 

Aunque las manifestaciones forman parte de la vida democrática, la ley advierte que cerrar carreteras o impedir el libre tránsito puede implicar multas y hasta prisión. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles. 

“El derecho de manifestación no incluye el uso de la violencia ni la obstrucción de vías primarias”, señala el artículo 6º de la Constitución, que protege la libertad de expresión dentro de los límites del respeto a los derechos de terceros y al orden público.

Bloquear vías es sancionable bajo la ley 

De acuerdo con el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, toda persona que “interrumpa o dañe la prestación de un servicio público de transporte o de comunicación” podrá ser castigada con penas de tres meses a siete años de prisión, además de multas económicas.

El Código Penal Federal, en su artículo 150, también establece sanciones para quien se resista a la autoridad o impida el cumplimiento de sus funciones. Estas disposiciones se aplican cuando los bloqueos derivan en enfrentamientos con la fuerza pública o generan daños a terceros.

“Cuando una protesta se transforma en una obstrucción deliberada del tránsito o en un daño a bienes públicos, deja de ser una expresión legítima de inconformidad y pasa a constituir una falta o delito”, explicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver sobre los límites del derecho a la manifestación.

Derecho a protestar, pero sin afectar a terceros

Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han subrayado que el Estado debe garantizar la libertad de reunión y expresión, pero siempre de forma pacífica y proporcional. En ese sentido, la SCJN también determinó que los gobiernos locales pueden establecer restricciones razonables al uso de vialidades primarias “para proteger el derecho de libre tránsito”.

A nivel estatal, los congresos han endurecido las sanciones. En Puebla, por ejemplo, se discute una reforma que impondría penas de tres días a cuatro años de prisión a quien bloquee vías públicas. En otros estados, como Nuevo León o Chihuahua, se han aplicado sanciones administrativas y penales dependiendo del grado de afectación.

“La protesta social no debe criminalizarse, pero tampoco puede vulnerar derechos de terceros; el reto es lograr un equilibrio entre ambos principios”, señaló el senador Ricardo Monreal Ávila, al analizar reformas sobre libre tránsito y manifestaciones en 2024.

En conclusión, aunque las manifestaciones son un derecho constitucional, la ley castiga los cierres de calles y carreteras que interrumpan servicios públicos o afecten la movilidad. El equilibrio entre el derecho a protestar y el de transitar libremente sigue siendo uno de los temas más sensibles del marco legal mexicano.