Por Pedro Arturo Aguirre, analista y consultor político
La destitución del primer ministro francés, Michel Barnier, tras una moción de censura ha sido el último golpe propinado al sistema político del país los últimos seis turbulentos meses. La caída del premier fue apoyada por una inusitada y coyuntural coalición parlamentaria de diputados de extrema izquierda, izquierda y extrema derecha.
La medida se produjo luego de un desafío del gobierno de Barnier a la Asamblea Nacional. Como parecía imposible la aprobación en la Cámara del presupuesto presentado por el gobierno para 2025, el primer ministro utilizó sus poderes ejecutivos para sancionarlo sin necesidad de una votación parlamentaria. En respuesta, las dos agrupaciones más grandes de la asamblea: el Nuevo Frente Popular (izquierda y extrema izquierda) y la Agrupación Nacional (extrema derecha), aprobaron la moción de censura. La última vez que un gobierno fue obligado a dimitir por una moción de no confianza así, fue en 1962, en plena crisis por la independencia de Argelia.
Al presidente Emmanuel Macron le surgió un nuevo desafío para su asediado liderazgo en un escenario donde tanto la izquierda, como la extrema, quieren la renuncia del jefe de Estado y el adelanto de las elecciones presidenciales programadas para celebrarse en 2027.
Sigue leyendo: ¿Quiénes tendrán derecho a recibir la nueva tarjeta del Banco del Bienestar?
Francia atraviesa desde hace tiempo por un estado de incertidumbre. El sistema semipresidencial creado a finales de los 50´s por el general De Gaulle fue sumamente exitoso cuando Francia necesitaba una presidencia fuerte para salir de la grave crisis política y moral donde se encontraba, a causa de la guerra de independencia argelina; y funcionó razonablemente durante las siguientes tres décadas bajo la presidencia de Pompidou, Mitterrand, Giscard y (todavía) Chirac
Incluso fue eficaz durante los periodos de “cohabitación”, cuando el partido del presidente perdió la mayoría parlamentaria en elecciones intermedias. Pero desde principios de este siglo son cada vez más patentes los problemas de funcionalidad y representatividad de un régimen que le otorga demasiado poder al presidente en detrimento de la capacidad de control del Parlamento.
En la práctica, los sucesivos presidentes han hecho un uso demasiado extenso de sus facultades constitucionales. El excesivo poder que ha adquirido el jefe de Estado fue un factor esencial en las fracasadas presidencias de Sarkozy y Hollande y ha contribuido al enorme desgaste de Macron.
De hecho, con el actual mandatario, este fenómeno se ha agravado. Ejerciendo la que el llegó a describir como una “presidencia jupiteriana”, Macron se ha consagrado a una práctica solitaria de poder, ignorando al Parlamento al emitir decretos y ordenanzas (entre otros recursos constitucionales) en una cantidad sin precedentes.
Sigue leyendo: INE y Claudia Sheinbaum garantizan transparencia en las elecciones del Poder Judicial
Además, los tres últimos presidentes de Francia se han beneficiado de una reforma aprobada en el 2000 para cambiar la Constitución, la cual redujo de siete a cinco años el mandato del jefe de Estado para que las elecciones presidenciales se celebren con un mes de diferencia de las parlamentarias, para (supuestamente) garantizar mayoría en la Asamblea, al partido que gane la presidencia. Esto con el propósito de evitar la “cohabitación”, la cual surgía cuando el partido del presidente perdía la mayoría parlamentaria.
Desde el inicio de la V República, la cohabitación se produjo tres veces: en 1986, 1993 y 1997. La idea de los críticos del “hiperpresidencialismo” de la V República consiste en revitalizar el Parlamento con un nuevo sistema que pondría a Francia bajo un régimen parlamentario donde el primer ministro tuviese el principal protagonismo político y se sustituyese al sistema electoral mayoritario a dos vueltas por uno de proporcional puro para la elección de la Asamblea Nacional.
En buena medida esta “VI República” restauraría el parlamentarismo característico de Francia durante las tercera y cuarta etapas republicanas, la cuales, en su momento, fueron tan criticadas por De Gaulle, pero serían más aptas bajo la óptica de las necesidades actuales de representación política.
El excesivo poder que ha adquirido el presidente ha sido un factor en la creciente disipación de la responsabilidad política del gobierno. El brillante político liberal Jean-François Revel, en su momento crítico de los excesos de la V República, señaló que “tanto absolutismo conduce a la absolución”, es decir, la creciente falta de contrapesos al presidente fluye sobre los ministros, supuestamente responsables ante el Parlamento.
Sigue leyendo: Seis de cada 10 mexicanos respaldan la iniciativa de reforma al Infonavit
Aparece un fenómeno de “transferencias de irresponsabilidad”. Fortalecer el Parlamento pasaría por otorgarle amplios poderes de responsabilidad política, obteniendo la capacidad de votar una moción de confianza individual. Se trata de reforzar el papel de las comisiones parlamentarias, ampliando sus prerrogativas y atribuciones, mediante un control más riguroso de la acción del Ejecutivo.
Los detractores dicen que la V República ya no tiene esencia verdaderamente parlamentaria y ha perdido su naturaleza semipresidencial. Su carácter actual conduce a la omnipotencia del Ejecutivo, una confusión de roles y responsabilidades
El primer ministro se ha convertido en un simple “jefe de gabinete” del presidente, situación agravada desde que se decidió emparejar los mandatos presidencial y parlamentario. Por otra parte, el régimen actual adolece de organismos intermediarios capaces de escuchar y atender mejor las demandas y quejas populares y ayuden a estabilizar al régimen.
En su ausencia, se construye una relación demasiado directa y, en ocasiones, virulenta entre el presidente y los gobernados. En una VI República, el presidente quedaría desconectado del funcionamiento regular de las instituciones, dando la preeminencia al primer ministro. En cuanto a la Asamblea Nacional, debería ser lo más democrática posible mediante la representación proporcional plena, con un umbral alto para que los partidos puedan tener presencia parlamentaria (podría ser, 10% de la votación a nivel nacional) y evitar el multipartidismo exacerbado de las III y IV Repúblicas.
Con el cambio de sistema electoral se procuraría evitar la notoria sobrerrepresentación de la que suele gozar el partido del presidente con el actual mecanismo uninominal a dos vueltas, así como la subrepresentación de expresiones políticas que no ven reflejada su verdadera presencia política nacional en el tamaño de sus fracciones parlamentarias. Quienes critican la instauración de una VI República con características plenamente parlamentarias y un sistema electoral proporcional puro, advierten de excesiva inestabilidad gubernamental.
Sigue leyendo: ¿Será posible suspender las elecciones judiciales ante la orden del juez?
Temen volver al “caos” de las tercera y cuarta etapas republicanas, pero el semipresidencialismo actual demuestra ser incapaz de garantizar estabilidad.
Macron está condenado a ser un “pato cojo” durante más de dos años que le quedan de mandato y es un elemento que complica la formación de coaliciones gubernamentales. Todas las fuerzas considerarán al periodo de fin de mandato como un compás de espera rumbo a las próximas elecciones presidenciales; y calcularán todos sus pasos de manera de no perjudicar sus posibilidades de triunfo.
Lo urgente en Francia (y en otras democracias liberales) es tratar de reconciliar a los ciudadanos con sus instituciones políticas. El “hiperpresidencialismo” de la V República ya no es plausible. Maurice Duverger fue el primero en advertir los riegos de una “monarquía presidencial” cuando analizó las características de la Constitución de la V República, a principios de los años sesenta.
La entronización de una presidencia fuerte se justificaba en un contexto de aguda inestabilidad. Hoy a Francia le urge superar su creciente crisis de representatividad donde se hacen más patentes los problemas de funcionalidad, representatividad e incluso estabilidad, en un régimen con un presidente demasiado poderoso, en detrimento de la capacidad de control del Parlamento.