Gentrificación: ¿quiénes tendrán derecho al programa de vivienda pública en CDMX?

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El Gobierno de la Ciudad de México presentó un nuevo programa de vivienda pública con enfoque social, orientado a combatir los efectos jurídicos y sociales de la gentrificación en zonas estratégicas de la capital. El proyecto, que operará bajo el principio constitucional del derecho a la vivienda digna, busca brindar protección a personas en situación de vulnerabilidad habitacional ante el aumento desmedido de rentas y el desplazamiento forzado.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, destacó que esta política se alinea con el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de toda persona a una vivienda digna y decorosa, así como con el Artículo 9º de la Constitución de la CDMX, el cual amplía ese derecho al entorno urbano: “Toda persona tiene derecho a habitar, permanecer y desarrollarse en su comunidad sin ser desplazada por presiones del mercado”, recordó.

Marco normativo y aplicación territorial

El programa se aplicará inicialmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán, consideradas zonas de alta presión inmobiliaria. En estos territorios, el fenómeno de gentrificación ha incrementado la expulsión de residentes de largo plazo, situación que, según el gobierno local, vulnera el principio de no discriminación económica y de acceso equitativo al hábitat, establecido en la Ley de Vivienda de la CDMX.

Además, se contempla la posible modificación de normativas de uso de suelo y arrendamiento urbano, para evitar que las viviendas públicas terminen siendo utilizadas con fines lucrativos por terceros, como ha ocurrido en zonas invadidas por el alquiler temporal.

El programa se regirá bajo esquemas legales de arrendamiento social, propiedad compartida o comodato con fines de interés público, y será gestionado por el Instituto de Vivienda (INVI), en coordinación con la Consejería Jurídica y otras dependencias.

¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

De acuerdo con el anuncio oficial, podrán acceder al programa personas físicas que acrediten residencia permanente en las zonas afectadas, con preferencia para:

• Familias de bajos ingresos,

• Personas adultas mayores,

• Madres solteras,

• Jóvenes en situación de exclusión,

• Personas en riesgo de desalojo o afectadas por procesos de especulación inmobiliaria.

El ingreso al programa será mediante convocatorias públicas con reglas de operación específicas, que incluirán criterios de elegibilidad en función de la situación jurídica y socioeconómica del solicitante. Se prevé también la posibilidad de acciones legales de defensa habitacional, en los casos en que existan juicios de desalojo o pérdida inminente de la vivienda.

Instrumento jurídico contra el desplazamiento forzado

Especialistas en derecho urbano han señalado que este tipo de programas representan una herramienta de protección frente al desplazamiento forzado por razones económicas, una figura que, si bien no está plenamente reconocida en el derecho mexicano, se ha discutido a nivel internacional como una forma indirecta de violación a los derechos humanos urbanos.

“El Estado está obligado a garantizar el acceso efectivo a la vivienda y no solo su disponibilidad formal. Este programa responde al mandato constitucional de evitar la exclusión territorial por razones de clase o mercado”, explicó un académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

A través de esta iniciativa, la administración capitalina también se prepara para presentar una propuesta legislativa que limite la conversión indiscriminada de viviendas residenciales en unidades turísticas, como parte de una política integral de regulación urbana.

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