Gentrificación: ¿quiénes tendrán derecho a rentar una casa en CDMX por 3 mil pesos?

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En respuesta al fenómeno de la gentrificación y el aumento sostenido de las rentas en zonas centrales de la Ciudad de México, el gobierno capitalino implementará un nuevo modelo de vivienda pública en renta, con precios que podrían ir desde los mil hasta tres mil pesos mensuales.

Pero, ¿quiénes podrán acceder legalmente a este beneficio y bajo qué marco se otorgan estos derechos? Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.

¿Qué ley respalda este programa de vivienda en renta social?

La iniciativa se sustenta en el Artículo 9º de la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce el derecho de toda persona a una vivienda adecuada, asequible y digna, así como a permanecer en su comunidad. Este mismo artículo impone al Estado la obligación de evitar el desplazamiento forzado por causas económicas o especulativas.

Además, la medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley de Vivienda de la CDMX, que permite al Gobierno capitalino destinar inmuebles públicos o adquiridos mediante convenios a fines habitacionales de interés social, ya sea en propiedad o bajo esquemas de renta controlada.

De acuerdo con información oficial, las primeras viviendas estarán ubicadas en colonias como Juárez, Roma, Centro, San Rafael y Doctores, zonas que en los últimos años han visto un encarecimiento drástico del suelo urbano a causa del mercado de renta temporal y la especulación inmobiliaria. El objetivo, según autoridades, es permitir que sectores históricamente residentes o vulnerables puedan seguir habitando estas áreas, sin ser desplazados por el mercado.

¿Quiénes podrán rentar por hasta 3 mil pesos?

Aunque las reglas de operación finales aún no han sido publicadas, el programa establecerá filtros para priorizar a personas que:

• Acrediten residencia previa en las zonas afectadas por gentrificación.

• Pertenecen a sectores vulnerables (adultos mayores, madres solteras, jóvenes sin acceso a crédito, personas con discapacidad).

• Sean trabajadores con ingresos bajos o informales.

• Hayan sido desplazados o estén en riesgo de desalojo.

Según lo adelantado por el Gobierno de la CDMX, el acceso será mediante convocatorias públicas, y los contratos de arrendamiento tendrán sustento legal mediante la figura de arrendamiento de interés social, reconocida en la legislación local. Estos contratos serán gestionados por organismos públicos como el Instituto de Vivienda (INVI) o el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, según corresponda.

¿Por qué se relaciona con la gentrificación?

El programa busca hacer frente al proceso de gentrificación, entendido como el desplazamiento sistemático de poblaciones de bajos ingresos por el encarecimiento urbano, especialmente en zonas con alto valor turístico, comercial o cultural. Este fenómeno ha sido impulsado, entre otros factores, por la proliferación de viviendas destinadas a plataformas como Airbnb.

Desde una perspectiva legal, la política pública apunta a restituir el derecho a la ciudad y a la permanencia en el territorio, conceptos reconocidos no solo en la Constitución local, sino en convenios internacionales como la Nueva Agenda Urbana de ONU-Hábitat, firmada por México.

“No se trata solo de construir casas, sino de garantizar que quienes nacieron, crecieron o trabajan en estas zonas no sean expulsados por el mercado”, han señalado autoridades del gobierno capitalino.

¿Qué sigue?

Se espera que en los próximos meses se publique el reglamento operativo del programa, que incluirá los mecanismos de asignación, criterios de permanencia y sanciones en caso de subarrendamiento o uso irregular.

Con este modelo, el Gobierno de la Ciudad de México busca sentar un precedente en América Latina sobre el uso de la vivienda pública como herramienta legal contra la gentrificación, reforzando el papel del Estado en la garantía de derechos urbanos.

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