Gentrificación: Congreso CDMX plantea definirla legalmente para evitar desplazamientos
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El Congreso de la Ciudad de México abrió un nuevo capítulo en el debate urbano al plantear la necesidad de establecer una definición legal clara de la gentrificación, con el objetivo de crear herramientas normativas que protejan a las comunidades de procesos de desplazamiento social impulsados por el encarecimiento del suelo y la presión inmobiliaria.
Durante la sesión más reciente, la diputada Guadalupe Chávez Contreras, de Morena, subrayó que uno de los principales desafíos es distinguir entre turismo, movilidad urbana y gentrificación, sin caer en discursos discriminatorios. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
“La gentrificación no es sinónimo de turismo. No estamos en contra de quienes visitan o residen temporalmente en la ciudad, sino del modelo urbano que expulsa a quienes han vivido toda su vida en estas zonas”, afirmó en tribuna.
Hacia un marco jurídico específico
La legisladora insistió en que se requiere construir un marco jurídico específico que reconozca el derecho a permanecer en el territorio como parte del derecho a la vivienda y a la ciudad, consagrados en el Artículo 9º de la Constitución de la CDMX. Dicho artículo establece que toda persona tiene derecho a habitar, permanecer y desarrollarse en su comunidad, lo que convierte el desplazamiento forzado por razones económicas en un problema de interés público.
“Queremos una ciudad incluyente, no una ciudad expulsiva. Una ciudad que no sea para unos cuantos, sino para todas y todos”, remarcó Chávez Contreras, al señalar que la legislación actual aún no es suficiente para responder a los efectos que ha tenido la especulación inmobiliaria en colonias como Roma, Condesa, Juárez y el Centro Histórico.
Legisladores coinciden en revisar las leyes de vivienda y desarrollo urbano
Durante la discusión, otros diputados y diputadas coincidieron en que la gentrificación debe ser atendida mediante una revisión integral de leyes como la Ley de Vivienda, la Ley de Desarrollo Urbano y las normas que regulan el arrendamiento y el uso de suelo.
Desde la oposición, se planteó que la solución no debe recaer en la prohibición ni en el rechazo al visitante, sino en establecer límites al modelo de crecimiento desigual.
“La CDMX es una capital global, pero eso no puede significar despojo para quienes la han construido con su historia y trabajo”, expresó una diputada del PAN.
También se propuso impulsar figuras jurídicas como las zonas de protección comunitaria, que permitirían restringir desarrollos de lujo en barrios vulnerables a la presión inmobiliaria, y regular el uso de plataformas de hospedaje temporal, como parte de una estrategia legislativa coordinada.
Reconocen avances, pero se exige mayor acción legal
Si bien se reconoció el esfuerzo reciente del Gobierno de la Ciudad con la implementación de programas de vivienda pública en renta, varios legisladores advirtieron que sin un marco legal sólido, estas políticas pueden resultar insuficientes o ser aprovechadas de manera indebida.
“No estamos en contra del desarrollo, sino de un modelo de ciudad excluyente. Hay que poner límites a la especulación urbana y defender jurídicamente el derecho de las comunidades a permanecer”, concluyó Chávez Contreras.
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