¿Fue legal ponerle la araña a Lady Racista? Esto dice el Reglamento de Tránsito
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El caso de la mujer que agredió verbalmente a un agente de tránsito en la colonia Del Valle —identificada en redes sociales como “Lady Racista”— continúa generando indignación y análisis, no solo por su actitud discriminatoria, sino por la razón original del incidente: la colocación de un inmovilizador en su vehículo.
¿Era legal esa acción por parte de la autoridad? La respuesta es afirmativa, con base en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
La infracción: ¿en qué casos procede la inmovilización del vehículo?
Según el artículo 40 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, los vehículos pueden ser inmovilizados mediante dispositivos mecánicos (conocidos como “arañas”) cuando están estacionados en lugares prohibidos. Entre los supuestos aplicables están:
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Estacionarse sobre pasos peatonales o ciclovías.
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Bloquear rampas para personas con discapacidad.
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Estacionarse en doble fila.
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Ocupar zonas reservadas para servicios de emergencia, transporte público o ciclistas.
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Dejar el vehículo sin conductor en sitios no autorizados.
De acuerdo con información publicada por El Heraldo de México (11 de julio de 2025), la mujer dejó su vehículo en un lugar prohibido y no se encontraba presente al momento de la infracción, lo cual autoriza legalmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a colocar el inmovilizador sin necesidad de advertencia previa.
Además, los agentes deben documentar el acto mediante fotografías y folio electrónico, conforme a lo establecido en el protocolo de actuación de tránsito. Esto garantiza que el procedimiento tenga validez legal y sea verificable ante cualquier reclamo.
¿Qué debe hacer el infractor para liberar su vehículo?
El retiro de la “araña” requiere que el infractor pague la multa correspondiente, cuyo monto varía según el tipo de falta. En casos como el de Lady Racista, la sanción económica puede ir de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a entre $2,171 y $3,256 pesos, aproximadamente.
El conductor debe acudir a un módulo autorizado, presentar el folio de infracción y realizar el pago para que personal de tránsito retire el inmovilizador.
¿Cometió delitos al agredir al agente? Esto dice la ley
Más allá de la infracción vial, lo que encendió la polémica fue la reacción agresiva de la conductora, quien insultó al agente con frases discriminatorias por su físico, origen y función pública. Esta conducta podría encuadrarse en al menos dos figuras legales:
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Ultrajes a la autoridad, previsto en el artículo 287 del Código Penal de la CDMX, que establece penas de 6 meses a 2 años de prisión a quien insulte, amenace o agreda a un funcionario en ejercicio de sus funciones.
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Actos de discriminación, conforme a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, que sanciona expresiones que atenten contra la dignidad de una persona por motivos de apariencia física, clase social o nacionalidad. La ley contempla medidas correctivas, multas e incluso sanciones administrativas si la agresión se prueba.
Adicionalmente, la conducta violenta en vía pública podría derivar en una falta cívica, conforme a la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, que establece arrestos de hasta 36 horas o trabajo comunitario.
La autoridad ya analiza sanciones adicionales
La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que los hechos están siendo revisados por su área jurídica, y no se descarta que se presenten denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de la capital. Aunque hasta ahora no se ha confirmado la identidad oficial de la mujer, testigos aseguran que se trata de una persona extranjera que reside en la zona, lo que también podría tener implicaciones migratorias si se confirma alguna conducta tipificada como delito.
En tanto, el video continúa circulando en redes sociales como ejemplo de violencia verbal contra la autoridad y discriminación, reavivando el debate sobre el respeto a los agentes de tránsito y la aplicación efectiva de la ley en casos de agresiones ciudadanas.
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