Freno legal a la gentrificación: Gobierno de CDMX regulará rentas y protegerá a los arrendatarios
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El Gobierno de la Ciudad de México presentó este miércoles una estrategia integral para combatir el aumento desmedido de las rentas, proteger a los arrendatarios y frenar los efectos de la gentrificación.
El paquete, denominado “Bando 1”, está compuesto por 14 acciones que buscan dar certeza jurídica, acceso a vivienda digna y mecanismos efectivos de control en el mercado inmobiliario.
Entre las principales medidas se contempla un tope a los incrementos de renta, que no podrán superar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), así como la creación de una Defensoría de Derechos Inquilinarios, que brindará asesoría y acompañamiento legal a personas arrendatarias frente a abusos o desalojos arbitrarios.
“Con este bando estamos protegiendo el derecho a la vivienda y evitando que quienes han vivido toda su vida en una colonia sean desplazados por la especulación inmobiliaria”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante la presentación del plan.
Zonas tensionadas y control de rentas
La estrategia también prevé la identificación de zonas de alta presión inmobiliaria, como el centro histórico, la Condesa, Roma, Juárez y partes de la Miguel Hidalgo, donde los precios se han disparado sin regulación.
En dichas zonas de la CDMX se aplicarán instrumentos de control más estrictos, como el Índice de Precios de Alquiler Razonable, que permitirá monitorear el mercado de forma periódica.
Adicionalmente, se promoverá una nueva ley de rentas justas y se buscará regular el alquiler de corta estancia, particularmente en plataformas digitales.
Según autoridades locales, estas prácticas han contribuido a encarecer los precios en zonas populares y a reducir la oferta de vivienda permanente para habitantes tradicionales.
Enfoque legal y recursos públicos
Desde un enfoque legal, el “Bando 1” plantea una nueva arquitectura normativa y administrativa para intervenir en un mercado hasta ahora desregulado. La creación de un marco jurídico para contener aumentos injustificados y sancionar conductas especulativas representa un paso relevante hacia el reconocimiento del derecho a la vivienda como un bien colectivo.
Para financiar estas acciones, se contempla una inversión de 9 mil millones de pesos para 2025, con el objetivo de alcanzar más de 200,000 acciones de vivienda asequible antes de 2030, entre ellas nuevas construcciones, mejoramientos y esquemas de renta pública.
“No se trata solo de poner límites, sino de construir alternativas dignas y asequibles para quienes viven y trabajan en esta ciudad”, recalcó Brugada.
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