¿Es legal que un funcionario público evada el alcoholímetro a través del fuero?
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Un reciente caso en Oaxaca volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los alcances del fuero constitucional, la senadora suplente Nathaly Viridiana Chávez García fue detenida en un punto de revisión del alcoholímetro, donde se negó a realizar la prueba alegando su calidad de legisladora.
En un video difundido en redes sociales, se escucha a la funcionaria decir: “Tenemos fuero… ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no… vengamos pedos o no, no pueden hacerlo”.
La frase desató críticas inmediatas y reavivó la discusión sobre si esta figura jurídica permite a los servidores públicos eludir normas de tránsito, aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
El alcance real del fuero constitucional
De acuerdo con la Constitución, el fuero protege a diputados y senadores para que no puedan ser detenidos o procesados penalmente por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo, salvo en casos de flagrancia o cuando la cámara correspondiente autorice el retiro de esa protección.
Sin embargo, esta prerrogativa no los exenta de cumplir con reglamentos de tránsito ni de someterse a pruebas como la de alcoholemia.
Es decir que conducir bajo los efectos del alcohol o resistirse a un operativo vial constituye una falta administrativa, la cual no está cubierta por el fuero. Por lo tanto, este tipo de conductas pueden derivar en sanciones sin necesidad de un proceso de desafuero.
Reacciones y disculpa pública
La grabación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la actitud de la senadora suplente. Ante la polémica, Chávez García ofreció una disculpa pública y reconoció que sus declaraciones no reflejan los valores que dice representar.
También pidió que el episodio no sea utilizado para afectar políticamente a la titular del escaño que suplanta.
En conclusión, el fuero de los funcionarios públicos no es un permiso para incumplir la ley, sino una protección específica para el ejercicio de funciones legislativas.
Los funcionarios públicos, al igual que cualquier ciudadano, están obligados a respetar las normas viales y someterse a las revisiones establecidas por las autoridades competentes.
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