El derecho al olvido en la era de la inteligencia artificial
En México no existe un mecanismo general que permita eliminar información de internet, resulta imperativo analizar la regulación de nuevos derechos y herramientas jurídicas
Por: Armando Tadeo Terán Ongay, abogado Especialista en materia de protección de datos personales.
La forma en que nos comunicamos actualmente a través de internet ha revolucionado la manera en que compartimos información. En cuestión de milisegundos, tenemos al alcance de la mano acceso a una cantidad prácticamente ilimitada de información de cualquier índole, así como la posibilidad de interactuar con todo tipo de plataformas digitales.
En este contexto, la herramienta denominada “Google Search”, así como los demás motores de búsqueda, desempeña un papel preponderante al facilitar el acceso a la información. Sin embargo, la llegada de la inteligencia artificial (IA) ha modificado sustancialmente este escenario.
Hoy en día, la inteligencia artificial permite resolver problemas de manera inmediata, generar con rapidez y eficacia páginas web y producir prácticamente cualquier contenido creativo que se pretenda difundir, además de ofrecer un sinfín de posibilidades.
Esto implica que un porcentaje cada vez mayor de la información disponible en internet sea contenido generado por inteligencia artificial. Esto ocurre, sobre todo, con las páginas web de reciente creación, muchas de las cuales se generan mediante esta tecnología.
En consecuencia, el desarrollo de contenido creado mediante inteligencia artificial propicia que los motores de búsqueda desplieguen cada vez más información de este tipo, situación que es difícil de identificar, pues dichos motores no siempre distinguen claramente entre una página web creada por una persona y otra elaborada mediante inteligencia artificial.
La inmediatez de este entorno ofrece ventajas que aprovechamos cotidianamente, pero también entraña costos. El hecho de que la libertad de expresión se encuentre potenciada de esa manera en la red puede volver vulnerable nuestro derecho a la privacidad, particularmente ante la creación vertiginosa de contenido mediante inteligencia artificial.
La información disponible en internet contribuye, de alguna manera, al ejercicio de la libertad de expresión. Por ello, toda información relacionada con una persona —incluido el contenido generado mediante inteligencia artificial— puede localizarse en las fuentes originales o a través de los motores de búsqueda.
La información que aparece en los motores de búsqueda responde a algoritmos predeterminados que identifican y despliegan contenidos disponibles en la red. Cada vez con mayor frecuencia, dichos contenidos son generados con inteligencia artificial.
Por tanto, el acceso a los datos disponibles en internet depende, en buena medida, de los motores de búsqueda, los cuales permiten localizar información en la red con mayor rapidez que si se consultara cada página web de manera individual. De la mano de esta herramienta, nos encontramos potencialmente ante un universo vulnerable de datos personales, en el que no siempre es posible distinguir la forma en que se generó la información, ya sea por una persona o mediante inteligencia artificial.
En este escenario, estamos ante: I) una mayor cantidad de contenido generado mediante inteligencia artificial; II) un incremento de páginas web elaboradas mediante inteligencia artificial; y III) una mayor dificultad para distinguir entre una página web creada con intervención humana y otra generada mediante inteligencia artificial.
Lo anterior permite que información tanto positiva como negativa aparezca en los resultados de los motores de búsqueda. Además, con frecuencia, quien figura como autor no es necesariamente quien difunde la información, pues esta puede ser compartida por terceros, incluidos bots. En consecuencia, nos encontramos ante posibles afectaciones graves a la privacidad que, en determinados casos, pueden vulnerar la esfera más íntima de las personas. Esta situación se potencializa con la generación inmediata de contenido mediante inteligencia artificial.
Por tanto, estamos frente a una convergencia de derechos, por un lado, el derecho a la privacidad y, por otro, la libertad de expresión y el derecho a la información.
En este contexto, los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos buscan establecer límites entre los mismos, con el propósito de garantizar los derechos humanos de las personas. Sin embargo, dado que en este caso convergen diversos derechos y que, hasta el momento, en México no existe un mecanismo general que permita eliminar información de internet, resulta imperativo analizar la regulación de nuevos derechos y herramientas jurídicas que eviten afectaciones graves a la privacidad de las personas en esta nueva era digital.
En el derecho comparado destaca el ejemplo de la Unión Europea, en el que tipificaron el derecho al olvido en el Reglamento General de Protección de Datos. Los razonamientos que condujeron a su regulación destacan, por un lado, la ausencia de un control efectivo sobre los datos disponibles en internet y, por otro, la obligación de las autoridades competentes de proteger a las personas frente a posibles injerencias derivadas del tratamiento de su información personal en internet.
Con esta normativa vigente se otorgan mayores herramientas a los ciudadanos para hacer valer el principio de autodeterminación informativa, entendido, en términos generales, como el derecho de las personas a decidir sobre el uso y tratamiento de sus datos personales.
En el ámbito del derecho al olvido, es posible solicitar, en determinados supuestos, la eliminación de información personal de los resultados que ofrecen los motores de búsqueda en diversos países de la Unión Europea, siendo este el esquema de mayor protección para los ciudadanos europeos.
Es importante precisar que, en la Unión Europea, la norma establece expresamente los supuestos en los que resulta aplicable dicho derecho y aquellos en los que debe denegarse, pues normarlo de manera absoluta podría afectar el ejercicio de otras.
Lo anterior se da en un contexto mundial en el que los Estados buscan reconocer jurídicamente nuevos derechos como prerrogativas de la ciudadanía, entre los que destacan, particularmente durante los últimos diez años, aquellos relacionados con las tecnologías de la información.
En contraste, en México, la normativa vigente prevé el reconocimiento de los derechos de los titulares frente al tratamiento de sus datos personales, conocidos como derechos ARCO, acrónimo adoptado del modelo español.
Los derechos que podrían vincularse con el derecho al olvido son: I) el derecho de cancelación, y II) el derecho de oposición.
Aquí es importante precisar que las finalidades de los derechos ARCO son distintas de las del derecho al olvido regulado en la Unión Europea.
Por un lado, el derecho de cancelación tiene como objetivo que se supriman los datos personales cuando resulte procedente, conforme a la normativa aplicable. Por otro, el derecho de oposición permite que, cuando se actualicen los supuestos correspondientes, el responsable se abstenga de llevar a cabo el tratamiento de los datos personales relativos a su titular. En ambos casos, sus efectos se circunscriben a situaciones y tratamientos concretos.
En consecuencia, en nuestro país, para que los efectos de los derechos ARCO sean plenos y se produzca una cancelación u oposición efectiva, puede ser necesario ejercerlos frente a cada responsable y respecto de cada tratamiento específico. Esto implica que las personas cuyos datos personales hayan sido objeto de un tratamiento indebido deban ejercer sus derechos en cada caso, lo cual evidencia que dichos mecanismos no operan en el mismo sentido que el derecho al olvido. Por ello, resulta indispensable analizar la conveniencia de regular esta figura en el sistema jurídico mexicano.
Con este derecho tipificado en México se podría limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en internet y dotar a la ciudadanía de un nuevo derecho para hacer frente a los numerosos escenarios de vulneración que pueden presentarse en la red. Para ello, debería considerarse en todo momento el desarrollo de la inteligencia artificial, que automatiza y hace más eficaz la generación de contenido, sin que necesariamente incorpore la protección de la privacidad como una prioridad.
Finalmente, respecto del derecho humano a la privacidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, mediante diversos criterios y tesis aisladas, la necesidad de reconceptualizar algunas categorías relacionadas con la autodeterminación informativa, entre ellas la denominada “soberanía digital personal”. Estos criterios constituyen un esfuerzo por dotar a la ciudadanía de herramientas tangibles para ejercer el derecho a la privacidad frente a las nuevas tecnologías de la información.
