Diputados proponen crear ruta legal en contra del cártel inmobiliario
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Legisladores de Morena en el Congreso capitalino impulsaron la creación de una comisión especial para investigar las redes de corrupción inmobiliaria que presuntamente han operado en diversas alcaldías de la Ciudad de México, particularmente en Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
La propuesta busca esclarecer posibles violaciones a la normatividad urbana y establecer responsabilidades administrativas, legales o penales en su caso. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
Investigación legislativa con respaldo legal
La iniciativa fue impulsada por diputados federales, en respuesta a una serie de irregularidades en el uso de suelo, permisos de construcción y omisiones por parte de autoridades locales.
La figura de la comisión especial está respaldada por la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que faculta al órgano legislativo a integrar grupos de trabajo temporales para investigar presuntas anomalías en el ejercicio del servicio público, particularmente cuando existan indicios de actos de corrupción o daño al interés colectivo.
Obras irregulares y posible quebranto económico
El análisis de los legisladores expone que tan solo en la alcaldía Miguel Hidalgo se han detectado al menos 140 construcciones en situación irregular, muchas de ellas con quejas ciudadanas ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT).
También se acusa que el modelo de corrupción inmobiliaria ha generado un presunto quebranto económico de más de 7 mil millones de pesos en la alcaldía Benito Juárez.
Plazo y facultades de la comisión
De ser aprobada, la comisión especial tendrá un plazo de 180 días para entregar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y estaría integrada con criterios de pluralidad para garantizar un enfoque imparcial. La comisión también podrá solicitar documentos a autoridades, realizar inspecciones y convocar a comparecencias.
En términos legales, la comisión podrá colaborar con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la Auditoría Superior de la Ciudad y la PAOT, para determinar si existen responsabilidades penales o administrativas derivadas de las construcciones irregulares o del uso indebido de recursos públicos.
Dicha propuesta representa un esfuerzo legislativo por defender la legalidad del ordenamiento territorial en la capital y sancionar el uso discrecional de permisos de construcción.
Asimismo, abre la posibilidad de reformas adicionales en materia de transparencia urbana, control de licencias y combate a la corrupción en el sector inmobiliario.
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