Diputados aprueban reforma para unificar delitos de extorsión, ¿qué sigue?
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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 474 votos a favor, una reforma constitucional al artículo 73 que faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión. La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y busca establecer un marco homogéneo para enfrentar este delito en todo el país.
En el comunicado oficial, la Cámara precisó: “Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones en materia de extorsión”. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
Objetivos de la reforma
La medida permitirá unificar tipos penales, sanciones, delitos vinculados y agravantes. Actualmente, cada entidad federativa regula de manera distinta la extorsión, lo que genera desigualdad en la persecución y castigo.
De acuerdo con el dictamen, el cambio constitucional se alinea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual contempla prevención, investigación, atención efectiva a víctimas y capacitación de operadores del sistema de justicia.
Además, se establece que “el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor”.
¿Qué sigue ahora?
El dictamen fue remitido al Senado de la República, donde será analizado y votado. En caso de ser aprobado, el decreto se publicará en el Diario Oficial de la Federación, lo que pondrá en marcha el plazo de 180 días para que el Congreso emita la Ley General contra la Extorsión.
Mientras tanto, seguirán aplicándose las disposiciones federales y estatales vigentes en materia de extorsión. Una vez aprobada la ley, se establecerán plazos de armonización para que los códigos locales se ajusten al nuevo marco unificado.
Un paso hacia la uniformidad legal
Con esta reforma, México avanza hacia la creación de una herramienta jurídica nacional única para combatir la extorsión, delito que impacta tanto a ciudadanos como a empresas.
El consenso logrado en la Cámara de Diputados anticipa que el Senado también dará luz verde, abriendo la puerta a una legislación general que homologue sanciones y mejore la respuesta institucional.
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