Copa Mundial 2026: ¿se podría aprobar una ley antibarras en México?
México se prepara para recibir partidos de la Copa Mundial 2026, y en paralelo avanza en la Cámara de Diputados una propuesta que busca reforzar la seguridad en los estadios.
Se trata de la llamada ley antibarras, presentada por la diputada Lorena Piñón Rivera, que plantea endurecer las penas contra quienes cometan actos violentos durante eventos deportivos. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
¿Qué contempla la iniciativa?
La propuesta plantea reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Cultura Física y Deporte con el objetivo de crear un tipo penal específico para conductas violentas en espectáculos deportivos.
Entre las medidas consideradas se encuentran:
• Penalizar la participación en riñas o disturbios dentro de los estadios.
• Castigar el lanzamiento de objetos que pongan en riesgo a asistentes o jugadores.
• Sancionar el intento de ingresar armas u objetos peligrosos a recintos deportivos.
• Aplicar estas disposiciones en todo tipo de espacios: desde estadios profesionales hasta canchas locales.
En los casos más graves, las penas podrían alcanzar hasta 12 años de prisión. Sin embargo, esto apenas es una iniciativa por lo que tendrá que ser analizada y discutida.
La intención de la legisladora es que México llegue al Mundial con reglas más sólidas que permitan prevenir episodios de violencia que puedan comprometer la seguridad del público y la organización de los partidos.
¿En qué etapa está la posible ley antibarras?
La iniciativa ya fue presentada y turnada a comisiones para su análisis. A partir de ahí deberá discutirse, dictaminarse y, eventualmente, ser llevada al Pleno para su votación.
Por ahora no existe una fecha para su aprobación, pero la proximidad del Mundial podría acelerar el debate legislativo.
¿Qué cambiaría si se aprueba?
Si la ley avanza, implicaría:
• Mayor rigor en los protocolos de seguridad de los recintos deportivos.
• Castigos más severos para aficionados que generen violencia.
• Responsabilidad directa para organizadores y autoridades deportivas que incumplan obligaciones de seguridad.
• Un mensaje institucional de cero tolerancia a la violencia durante eventos masivos.
