Al margen
Por Iván Barrera
Nada parece tan inquietante en la propuesta de reforma constitucional como la creación de un tribunal de disciplina judicial que pueda destituir a aquellos jueces y juezas que fallen “contra el interés público”. Como aprendimos desde la Universidad quienes nos dedicamos al Derecho, el interés público está definido en la ley. Si una persona juzgadora dicta una sentencia de acuerdo con la ley ¿cómo podría contradecir al “interés público”. Salvo que este interés, claro, quede a discreción del temible tribuna. Entonces, habría que decir adiós a nuestro Estado Constitucional de Derecho.
¿Tendrán claro las autoridades del INE y del Tribunal Federal Electoral que si dejan pasar la sobre representación crearán un monstruo voraz e incontenible? Lo primero que hará la 66ª legislatura será desaparecer al INE y al Tribunal y nadie llorará a estas instituciones, pues dejaron de servir para aquello para lo que fueron creadas. Aunque sus integrantes consigan algún hueso, siempre se les mirará con desdén en la comunidad jurídica.
Si la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México de verdad quisiera resolver el caso de Andrés Roemer, le daría garantías para que volviera a México y pudiera seguir su proceso en libertad. De poco ayuda enarbolar la bandera feminista si ni siquiera se concede a sus presuntas víctimas el derecho de probar los hechos.
Ante la sucesión que se anuncia a finales de este año en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, uno de los nombres que más suena para ser su presidente es el del magistrado Edgar Hernán Mejía. Como es un juzgador que ha demostrado su congruencia y, por añadidura, ha integrado todas las salas -constitucional, civil, mercantil y penal-; como fue el impulsor y primer presidente de la Sala Indígena, sus colegas lo verían con buenos ojos…
Tras el lamentable deslinde que hizo la UNAM sobre el Análisis Técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales, documento elaborado por Sergio López Ayllón, Jesús Orozco, Diego Valadés y otras de nuestras mejores mentes jurídicas, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, se vió muy bien inaugurando un foro de juristas donde él mismo subrayó la importancia de la división de poderes y apoyó la independencia del poder judicial.
Entre las versiones que circulaban para explicar el deslinde que hizo la UNAM sobre el Análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas está el miedo. Concretamente, la denuncia que hizo la Procuraduría Fiscal ante la FGR, aduciendo que el ex rector Enrique Graue debía 308 mil pesos. Independientemente de la cantidad y de que el hecho sea cierto o falso, no es así como se procesa una acusación de fraude fiscal: la querella la presentó la Procuraduría Fiscal sin que el SAT hiciera antes una auditoría, siendo que es el SAT la única institución que puede determinar la omisión en el pago de contribuciones. Todo mundo lo vio como una venganza de alguien poderoso a quien Graue pisó los callos.
La comisión de Puntos Constitucionales de la 65ª legislatura trabaja a todo vapor para aprobar el dictamen del paquete de reformas constitucionales. La idea es que cuando esta legislatura se vaya, los integrantes de la 66ª sólo tengan que alzar la mano. Pero ¿de veras va a ocurrir algo tan burdo? De una legislatura se espera diálogos, debates, discusión… al menos en una democracia.
El que sigue imparable es Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. En el informe de actividades que rindió a finales de junio, presumió todas las actividades internacionales que ha emprendido, la reforma estatutaria con la que se modernizará al Colegio, el crecimiento de capítulos en las entidades federativas – van 28 al momento – y, lo más importante: la unidad gremial.
