¿Acaso el Gobierno puede intervenir en tu celular? Esto dice la Ley de Seguridad Nacional
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Ante las recientes reformas en materia de seguridad nacional e inteligencia, surgieron dudas entre la ciudadanía sobre los alcances del Estado para intervenir teléfonos celulares o tener acceso a datos personales sin consentimiento.
Sin embargo, autoridades federales han aclarado que ninguna ley autoriza el espionaje discrecional por parte del Gobierno. Aquí en el sitio de “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
Sin margen legal para intervenir, aclara Harfuch
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue enfático al señalar que no existe margen legal para intervenir llamadas, mensajes o geolocalización sin una orden judicial previa.
“Cualquier acción de esta naturaleza debe estar respaldada por una investigación en curso, solicitada por el Ministerio Público y autorizada por un juez competente”, declaró.
A estas declaraciones se sumó Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, quien recordó que el artículo 16 constitucional garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Merino sostuvo que la ley “no permite geolocalizar ni intervenir teléfonos sin orden judicial” y que el acceso a datos biométricos, como los que contiene la CURP digital, solo se hace con consentimiento expreso del ciudadano.
Toda intervención requiere control judicial, según la Constitución
La nueva legislación en seguridad —aprobada recientemente en el Congreso— ha generado inquietudes por las facultades otorgadas a dependencias como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la propia SSPC, quienes podrán solicitar información vehicular, fiscal, biométrica y de telecomunicaciones. No obstante, las autoridades han reiterado que ningún acceso será automático ni discrecional, y que todas las solicitudes deben pasar por un filtro judicial, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“La norma es clara: ningún funcionario puede consultar tus datos o intervenir tu teléfono si no hay una causa legal y un procedimiento autorizado por el Poder Judicial”, sostuvo Harfuch al referirse al debate público generado por las reformas.
También indica que el uso indebido de estos mecanismos conllevará sanciones administrativas y penales.
Ante dicha temática, diversos legisladores y organizaciones civiles han pedido mantener una vigilancia estrecha sobre la implementación de estas facultades, para evitar cualquier abuso. Sin embargo, desde el Gobierno federal se insiste en que el objetivo es fortalecer las capacidades del Estado para combatir delitos de alto impacto, siempre dentro del marco legal y respetando los derechos humanos.
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