Gentrificación desata debate legal: “No se puede criminalizar la movilidad”, advierten legisladores
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Las recientes protestas contra la gentrificación en la Ciudad de México reavivaron un debate en el Congreso sobre los alcances legales de la urbanización acelerada, el derecho a la vivienda y la movilidad interregional. Legisladores de Morena, PAN y PRI coincidieron en que se deben revisar los marcos normativos que rigen el desarrollo inmobiliario, pero discreparon en torno a las causas del fenómeno y las posibles soluciones.
Desde la tribuna, la diputada federal Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo (PT), advirtió que no puede permitirse “criminalizar a quienes vienen a trabajar o vivir a la capital”, en alusión a las protestas violentas en la colonia Juárez, donde un grupo de manifestantes atacó a ciudadanos identificados como “gentrificadores”.
“Lo que vemos es una expresión desesperada de un problema estructural: la falta de vivienda asequible, pero eso no justifica actos violentos ni persecuciones por nacionalidad o estatus migratorio”, señaló Aguilar.
Una tensión entre desarrollo urbano y derechos constitucionales
Juristas y legisladores coinciden en que la gentrificación, aunque no es un delito en sí mismo, plantea retos legales importantes en materia de vivienda, planeación urbana y derechos humanos. El artículo 4º de la Constitución mexicana reconoce el derecho a una vivienda digna y decorosa, pero su cumplimiento depende de políticas públicas locales que, en muchos casos, han favorecido el crecimiento inmobiliario sin regulación suficiente.
En ese sentido, el diputado panista Jorge Triana sostuvo que el fenómeno no puede abordarse desde la exclusión o el discurso xenófobo.
“La CDMX es una ciudad libre. No podemos aceptar que se fomente el odio contra quienes llegan de otras partes del país o del extranjero. El problema no son los extranjeros; el problema es la falta de planeación urbana”, afirmó.
Triana también llamó a revisar las atribuciones de las alcaldías en la autorización de proyectos habitacionales, ya que, dijo, algunas decisiones han favorecido la especulación inmobiliaria y desplazado a las comunidades locales.
Morena propone revisar leyes locales de vivienda
Por su parte, la legisladora morenista Aleida Alavez Ruiz propuso una revisión profunda a las leyes locales de vivienda y desarrollo urbano, especialmente en zonas de alta presión inmobiliaria. “Debemos garantizar que las viviendas construidas no estén dirigidas exclusivamente al mercado de corto plazo o al alquiler turístico, lo cual ha encarecido las rentas y desplazado a las familias de bajos ingresos”, indicó.
Alavez también planteó que se regulen plataformas digitales de hospedaje, como Airbnb, dentro del marco legal de arrendamiento urbano, con el fin de equilibrar la oferta de vivienda residencial frente al crecimiento del mercado turístico informal.
¿Hacia una regulación federal de la gentrificación?
Aunque actualmente la regulación del uso de suelo y la vivienda es competencia local, algunos legisladores han comenzado a plantear la posibilidad de impulsar lineamientos a nivel federal que promuevan mecanismos de contención frente a la gentrificación. Estos podrían incluir incentivos fiscales para desarrolladores que apuesten por vivienda asequible o restricciones a la reconversión de inmuebles habitacionales en alojamientos temporales.
Por lo pronto, el debate ha dejado ver que el fenómeno de la gentrificación ya no es solo un asunto urbanístico, sino una discusión que alcanza niveles legislativos, jurídicos y de derechos humanos. Mientras tanto, el Congreso se prepara para recibir propuestas concretas que podrían dar forma a una nueva regulación en materia de vivienda.
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