Diputados reciben la Ley antilavado de dinero: ¿qué cambios se discuten y cómo podrían afectarte?
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Luego de ser aprobada en el Senado, la iniciativa para expedir una nueva Ley de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue turnada a la Cámara de Diputados, donde comenzará su análisis en comisiones durante los próximos días.
La propuesta, que busca actualizar el marco jurídico para prevenir el lavado de dinero en México, incluye nuevos criterios para identificar operaciones sospechosas, fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ampliar la vigilancia sobre actividades consideradas vulnerables.
Aunque la narrativa oficial se ha centrado en el combate al crimen organizado, en El Mundo del Derecho ya se ha advertido que la reforma podría tener implicaciones directas para usuarios del sistema financiero, asesores legales, contadores, inmobiliarias y otros sectores regulados.
¿Qué modificaciones podrían impactar a los usuarios?
Entre los puntos que ahora están en revisión en San Lázaro destaca la intención de incorporar tecnologías de monitoreo más avanzadas y mayores facultades de fiscalización para las autoridades, sin que aún se definan con precisión los límites operativos de estos controles.
Especialistas han alertado sobre el riesgo de que, sin una delimitación adecuada, estas medidas puedan traducirse en requisitos excesivos por parte de las entidades financieras, bloqueos injustificados de cuentas o reportes automáticos de operaciones legítimas, afectando tanto a personas físicas como a pequeñas y medianas empresas.
Por ello, la discusión en Diputados será clave para determinar hasta qué punto la ley protegerá al usuario común, sin generar una carga desproporcionada para quienes cumplen con sus obligaciones legales y fiscales.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
La minuta fue turnada a comisiones para su revisión y dictamen. De aprobarse sin modificaciones, pasaría directamente al Ejecutivo para su publicación; sin embargo, si se plantean cambios de fondo, deberá regresar al Senado para su segunda revisión.
Diversos grupos parlamentarios han solicitado abrir espacios de diálogo con colegios de profesionales, cámaras empresariales y expertos en cumplimiento normativo, a fin de mejorar la redacción de la ley y asegurar que el combate al lavado de dinero no se convierta en una amenaza para los derechos financieros de la ciudadanía.
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