Para juzgar en paridad

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Por: Romina Rayes El Kantar

La participación de las mujeres en el ámbito jurisdiccional mexicano ha sido un proceso lento, reciente y lleno de obstáculos. Históricamente, el acceso de las mujeres a la educación jurídica fue limitado. Entre 1867 y 1926, de más de 3,000 estudiantes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, solo 20 fueron mujeres, y únicamente tres de ellas lograron titularse. Esta baja representación ilustra claramente la exclusión sistemática que prevalecía.

Con el paso del tiempo y tras múltiples luchas sociales, las mujeres comenzaron a abrirse paso en el ámbito jurídico. Sin embargo, aún enfrentaban importantes barreras culturales, institucionales y estructurales. Durante muchas décadas, la impartición de justicia fue dominada por hombres, y las pocas mujeres que lograban integrarse al sistema judicial debían superar prejuicios y resistencias constantes.

Un punto de inflexión llegó con la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, que estableció como obligatoria la integración paritaria en las instancias jurisdiccionales. Esta medida buscó acelerar un proceso que apenas había comenzado hacía menos de diez años y representó un cambio de paradigma para el Poder Judicial en México.

Como parte de esa reforma, se implementaron mecanismos como listados diferenciados y boletas separadas por género, lo que permitió visibilizar las trayectorias profesionales de mujeres altamente calificadas. Fue entonces evidente que la falta de mujeres en cargos de decisión no se debía a falta de capacidad, sino a la existencia de barreras invisibles y sistémicas que impedían su acceso.

La inclusión de mujeres en la impartición de justicia no es solo un tema de equidad, sino también de calidad y legitimidad institucional. Las mujeres aportan visiones distintas, experiencias de vida que enriquecen el análisis jurídico y una sensibilidad particular para abordar casos que involucran violencia de género, desigualdad o discriminación.

Además, contar con mujeres en posiciones de autoridad dentro del Poder Judicial promueve la confianza de la ciudadanía y refleja de forma más fiel la diversidad de la sociedad. Su presencia también tiene un efecto multiplicador, ya que inspiran a niñas y jóvenes a aspirar a ocupar esos mismos espacios, generando un cambio cultural a largo plazo.

Durante años, las cifras reflejaron una brecha abismal. En 1995, el 85% de las magistraturas y el 78% de los juzgados de distrito estaban ocupados por hombres. Esta situación apenas mejoró en los años siguientes, y fue hasta después de 2018 cuando comenzaron a implementarse medidas más contundentes, como los concursos exclusivos para mujeres.

Estas acciones afirmativas empezaron a dar resultados. Para 2023, cinco de las once personas que integraban la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran mujeres, y dos de cinco magistraturas del Tribunal Electoral también. La presencia femenina creció también en juzgados y tribunales, reduciendo la prevalencia masculina en casi un 10%.

A pesar de los avances, el reto no termina con el acceso. Es indispensable generar condiciones de trabajo equitativas que reconozcan las necesidades específicas de las mujeres juzgadoras. De lo contrario, la paridad seguirá siendo solo un número, sin un impacto real en la experiencia laboral ni en la calidad de vida de quienes imparten justicia.

Finalmente, la lucha por la igualdad de género en el ámbito jurisdiccional debe asumirse como un eje transversal de toda política pública. La reforma de 2024 fue un paso fundamental, pero el verdadero cambio radica en eliminar las barreras estructurales, culturales y sociales que todavía limitan la participación plena de las mujeres en el sistema judicial mexicano.

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