Al margen
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Si bien la conclusión del proceso de elección judicial no ha estado exenta de cuestionamientos, lo cierto es que las y los nuevos ministros, magistrados y jueces ya han sido determinados, por lo que ahora corresponde a todos los actores y operadores jurídicos ver y verificar el desempeño que tendrán ellos, lo cual probará en los hechos si las predicciones de quienes vaticinan una etapa de desorden y deficiencias en la función jurisdiccional resultan ciertas o, por el contrario, se demuestra que la elección popular es un mecanismo eficiente y real para elegir a las personas juzgadoras, invistiéndolas de legitimidad e identificación social. No es una cuestión menor, ya que lo que está en juego es que el acceso a la justicia sea una realidad para todas y todos los mexicanos.
Una necesaria consecuencia del inédito proceso de elección judicial que acaba de concluir será llevar a cabo una reflexión seria y objetiva sobre la forma y términos en que se llevó a cabo, a efecto de que pueda ser depurado y mejorado para la elección que se llevará a cabo el 2027. Desde los procesos de inscripción e insaculación, las problemáticas que enfrentaron las personas candidatas que estaban “en funciones” para hacer campaña, así como las cuestiones de financiamiento y la etapa misma de votación, son aspectos que tendrían que ser objeto de esta revisión. Para ello, resultaría muy valioso escuchar la opinión e historias de quienes fueron personas candidatas en esta ocasión, pues solo quienes vivieron de manera directa el proceso podrá dar una opinión completa y realista del mismo.
Y aunque para muchas personas la elección judicial pareciera haber concluido con los cómputos de las votaciones, la realidad es que no será hasta que el INE entregue las constancias correspondientes que se podrá asegurar algún resultado, sobre todo en lo relativo a los Magistraturas y Juzgados de Distrito. Las revisiones de idoneidad y la asignación paritaria por género pueden modificar los resultados que habrían arrojado las votaciones, por lo que el cuidado y la prudencia deben imponerse.
Y una vez que los nuevos ministros y ministras han sido elegidos, deberían empezar a plantearse los procesos de entrega-recepción al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como la integración de las ponencias de las personas que han sido electas. Si bien los cambios son favorables, lo cierto es que dentro del actual personal de la Corte hay muchas personas con una gran preparación, sentido institucional y profesionalismo, que podrían hacer que el proceso de transición sea más sencillo y que la curva de aprendizaje de quienes ejercerán por primera vez una función jurisdiccional sea más breve y menos compleja. Ojalá todo ese capital humano no se desperdicie y se deje de lado en esta etapa.
No deja de ser complejo que tan pronto se definió la persona que ocupará la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los próximos años, el debate público sobre sus calificaciones personales y profesionales haya sido empañado por múltiples comentarios y descalificaciones vinculadas, no a sus antecedentes o capacidades, sino a su pertenencia a un pueblo originario y a la forma en que ha decidido resaltar tal hecho. El contenido del artículo 2o Constitucional no puede ser letra muerta, y desafortunadamente parece previsible que, de manera adicional a las cuestiones jurídicas, lo que ocurra en la Corte será una ventana para conocer si el racismo y la discriminación se han eliminado o siguen presentes en nuestro imaginario colectivo.
Otro punto al que convendrá dar seguimiento es el relativo a las impugnaciones que se presenten sobre la elección judicial, las cuales deberán resolverse a más tardar en agosto de 2025. Si bien el Tribunal Electoral ha conocido de las impugnaciones de múltiples elecciones, lo cierto es que será la primera vez que se pronuncie sobre una elección de este tipo, por lo que el sentido de cada determinación que emita, fijará criterios y pautas para procesos posteriores.
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