Ricardo Anaya califica la elección judicial como “un fraude y una marranada”
“La mal llamada elección judicial fue un cochinero, un fraude, una marranada, una porquería y un auténtico desastre”, acusó el senador Ricardo Anaya en un mensaje difundido a través de redes sociales, en el que arremetió contra el proceso electoral realizado el pasado 1 de junio para renovar más de 800 cargos del Poder Judicial.
El líder político del Partido Acción Nacional (PAN) y también excandidato presidencial cuestionó la legitimidad de la jornada, al considerar que la baja participación ciudadana reflejó el rechazo generalizado al nuevo modelo impulsado por el gobierno federal.
“Nueve de cada diez mexicanos le dieron la espalda a su mal elección judicial”, afirmó.
Anaya aseguró que existen evidencias de alteración del voto en diversas casillas, donde presuntamente las boletas fueron cruzadas antes del arribo de los votantes. “Ahí están los videos”, sostuvo, al denunciar que se trató de un fraude operativo.
Asimismo, criticó la entrega de “acordeones” con listas de candidatos por parte de operadores ligados al gobierno de Morena, señalando que esa estrategia buscó orientar el voto de manera sistemática: “Desde el gobierno les dieron línea y papelitos”, expresó.
Anaya también responsabilizó al Comité Técnico de Evaluación de haber manipulado el proceso de selección de candidatos.
“El corazón del fraude está en el comité de evaluación”, señaló, al tiempo que denunció que los integrantes de este órgano fueron designados por una mayoría legislativa afín al oficialismo y que no actuaron con imparcialidad.
“El gobierno nos dijo que eran grandes especialistas en derecho, que iban a evaluar a las y los mejores, pero todo fue una simulación para imponer a perfiles afines”, agregó.
Un proceso inédito bajo críticas
La elección judicial de 2025 fue un ejercicio inédito en México, aprobado como parte de una reforma constitucional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Por primera vez, los ciudadanos eligieron directamente a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, bajo el argumento de democratizar el Poder Judicial y combatir la corrupción.
Sin embargo, diversos sectores —incluidos académicos, organizaciones ciudadanas y partidos de oposición— cuestionaron la viabilidad del proceso, advirtiendo el riesgo de someter la justicia a decisiones partidistas.
Según el Instituto Nacional Electoral (INE), la participación ciudadana en la jornada electoral apenas rondó el 10%, cifra que ha sido utilizada por detractores como evidencia de un rechazo social al modelo.
Hasta ahora, el INE no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las denuncias de presuntas irregularidades, aunque ha defendido la validez del proceso.
