Las elecciones judiciales están por llevarse a cabo, ¿ya estás listo? Por ello, es comprensible que muchas personas en México tengan inquietudes sobre la experiencia profesional de quienes aspiran a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de otras instituciones clave del Poder Judicial. En este contexto, resulta esencial conocer la trayectoria profesional de cada una de las personas candidatas, como en el caso de Dora Alicia Martínez Valero.
En “El Mundo del Derecho” reiteramos nuestro compromiso con ofrecerte información confiable. Por eso, a continuación te presentamos los aspectos más relevantes del perfil de la candidata Dora Alicia Martínez Valero.
Dora Alicia Martínez Valero es abogada litigante y asesora legal, y actualmente busca convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su nombre aparecerá junto al número 19 en la boleta morada durante la elección del próximo 1 de junio.
Martínez Valero es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con una maestría cursada en la Universidad Castilla-La Mancha, en España.
Desde su visión, el Poder Judicial —y en particular la Suprema Corte— debe asumir un rol activo, decidido y formativo en la defensa y promoción plena de los derechos humanos. Considera esencial fortalecer la paz social a través de principios como la cercanía, la independencia, la libertad, la democracia y la eficiencia, facilitando el acceso a la justicia y extendiéndola a cada rincón del país como una respuesta real y esperanzadora para quienes más lo necesitan. Busca fomentar el principio de igualdad ante la ley.
En cuanto a la impartición de justicia, Dora Martínez se compromete a actuar con prudencia y valentía, posicionándose como una facilitadora de justicia, accesible a la ciudadanía y con una sensibilidad constante hacia las circunstancias que originan los conflictos legales.
Sostiene que no hay forma más justa de juzgar que comprendiendo el contexto de las personas y el efecto que el proceso tiene en sus vidas. Su compromiso es inquebrantable con la justicia; su brújula, la Constitución; y pondrá al servicio de la sociedad todas sus capacidades para resolver controversias legales con un enfoque centrado en la dignidad y los derechos humanos.