Guillermo Barradas y Roberto García suman su trabajo jurídico a la sociedad
Un elemento indispensable para que sea efectivo el acceso a la justicia, reconocido como derecho en el Artículo 17 Constitucional, es el relativo a que todas las personas tengan las posibilidad de acceder y contar con una representación y asesoría jurídica profesional, calificada y pertinente.
Hecho que, en muchas ocasiones, no es posible debido a factores de diversa índole como los educativos, culturales y económicos, entre otros. Si bien es relevante el trabajo que hacen las procuradurías y defensorías públicas, lo cierto es que sus atribuciones y alcances no son suficientes para atender la gran demanda que se presenta de manera cotidiana en el país, por lo que la intervención de los abogados postulantes para apoyar con sus conocimientos y actuaciones a personas y grupos menos favorecidos resulta cada vez mas relevante.
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Este trabajo, por regla general, no es remunerado económicamente, y es conocido como trabajo “pro bono”, el cual aún cuando la experiencia ha demostrado que es una herramienta decisiva para lograr la legalidad y justicia, no cuenta con el reconocimiento público ni el marco de actuación necesario para promoverlo, fomentarlo y potenciarlo como un marco legal que lo regule, mecanismos establecidos de colaboración entre las universidades o que los profesionales del derecho y organizaciones de la sociedad civil sumen esfuerzos, así como que haya estímulos educativos y fiscales para quienes participan en estas prácticas.
Las Barras y Asociaciones de abogados, así como diversas organizaciones y universidades desarrollan actividades en este campo, pero con frecuencia los mejores resultados surgen del interés y compromiso del despacho y profesionistas que, con responsabilidad y conciencia social, deciden asumir la defensa de un caso o la promoción de una causa.
Un caso paradigmático es el deVirginia Silvestre Valdéz, mujer mazahua, quien luego del fallecimiento de su nieta en el año 2006, fue indebidamente acusada de haber causado la misma, siendo detenida por agentes de la Policía Judicial del Estado de México con sustento en un recurso inconstitucional denominado “flagrancia por equiparación”, por el que recibió una sentencia de 43 años y 9 meses de prisión por homicidio imprudencial.
Desde su detención fue violentada en sus derechos humanos, careciendo de una defensa adecuada, habiéndosele negado, entre otras cosas, la posibilidad de contar con un intérprete que tuviera conocimiento de su lengua, usos y costumbres, además de haber sido víctima de agresiones físicas y verbales para que pusiera su nombre en un documento en el que confesaba el homicidio, aún cuando era claro que no sabía leer y el texto estaba en un idioma ajeno, además de que no se valoraron las pruebas que demostraban que el fallecimiento de su nieta era consecuencia de una caída accidental.
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Luego de 16 años, los detalles del caso fueron del conocimiento público, siendo en 2019 cuando el despacho García González y Barradas asumió su defensa jurídica, visibilizando y evidenciando las irregularidades y omisiones en dicho proceso, lo que propició que en abril de 2022 fuera liberada por aministía.
En este caso, la participación de un despacho de abogados en disponibilidad de asumir de manera gratuita la representación y defensa de la persona inculpada, con la misma calidad y profesionalismo que lo harían con un cliente, resultó un factor clave para romper con la cadena de violaciones a los derechos humanos y que la sociedad tomara conciencia del caso.
Guillermo Barradas y Roberto García, continúan con este tipo de labor jurídica en más de 20 casos y señalan que la falta de acceso a servicios legales de calidad constituyen parte fundamental del déficit que sostiene la desigualdad en el país, la cual se refleja con especial énfasis en los grupos sociales más vulnerables, en particular, en las comunidades indígenas.
Los abogados constituyen un enlace indispensable entre la sociedad, las leyes e instituciones que regulan su conducta, con la tarea de construir un efectivo estado de derecho biunívoca: con las instituciones y órganos de gobierno; y con profesionales del derecho, cuya vocación de servicio no puede segmentarse porque tienen la responsabilidad de defender y visibilizar los hechos a todas las personas.
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Rumbo a la justicia
- Asociaciones de abogados apoyan con actuaciones a favor de personas y grupos menos favorecidos.
- La participación de un despacho de abogados en disponibilidad de asumir de manera gratuita la representación y defensa de la persona inculpada es la clave.
- Es una herramienta importante para romper con la cadena de violaciones a los derechos humanos y que la sociedad tome conciencia.