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SCJN: ¿la discapacidad justifica una mala atención médica? 

Cuando una persona con discapacidad recibe atención médica, sus necesidades deben tomarse en cuenta en cada decisión. Pero ¿qué ocurre si, después de una falla en el servicio, su condición se utiliza para restar importancia a lo sucedido?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que estos casos requieren una protección reforzada del derecho a la salud. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles al respecto. 

¿Qué resolvió la Corte? 

En el amparo directo en revisión 1956/2025, la SCJN determinó que los tribunales deben aplicar un estándar reforzado de protección al revisar casos sobre la atención de personas con discapacidad en hospitales privados.

Está medida exige revisar el servicio recibido y las necesidades del paciente, sin resolver a partir de estereotipos. La discapacidad debe considerarse para proteger sus derechos y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

La sentencia relaciona esta medida de protección con los artículos 1 y 4 de la Constitución, relativos a la igualdad, la no discriminación y el derecho a la salud. 

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud”, señala. 

¿Qué caso dio origen a la resolución?

El asunto analizado por la Corte surgió de la demanda presentada por la familia de un adolescente con síndrome de Down que falleció después de ser trasladado de un hospital privado a otro.

Durante su hospitalización, una inundación interrumpió servicios esenciales. Ante lo ocurrido, su familia acudió a los tribunales para reclamar la atención recibida. 

Al revisar el expediente, la Corte concluyó que el tribunal colegiado no había cumplido con el estándar constitucional de protección reforzada. Por ello, revocó la sentencia y ordenó emitir una nueva resolución.

La decisión judicial exigió revisar nuevamente el caso. Así no establecieron una indemnización definitiva para la familia.

¿Qué se debe revisar ante una posible mala atención?

La Corte consideró que es necesario estudiar las circunstancias del paciente y las pruebas sobre el servicio médico, con una perspectiva de discapacidad que evite decisiones basadas en prejuicios. Ese análisis también alcanza a los hospitales privados.

Además, la sentencia destaca la importancia del “consentimiento libre e informado en contextos sanitarios”, frente a la desigualdad de poder que puede existir entre los hospitales y sus pacientes.

En conclusión: la discapacidad exige mayor cuidado al proteger el derecho a la salud. Al reclamar una atención deficiente se debe revisar lo sucedido con enfoque de protección. 

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