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¿Derecho a la reparación de dispositivos electrónicos? Esto dice la iniciativa 

Una falla pequeña puede convertir un aparato electrónico en un objeto prácticamente inútil. Cuando no existen refacciones o el fabricante deja de ofrecer soporte, repararlo puede costar tanto como comprar uno nuevo.

Ante dicha problemática, el Congreso de la Ciudad de México analiza una propuesta que busca alargar la vida de estos productos y evitar que las personas tengan que sustituirlos antes de tiempo. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles. 

¿En qué consiste la iniciativa? 

El diputado Luis Alberto Chávez García propuso reformar la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México para reconocer el derecho a la reparación. La medida alcanzaría a celulares, computadoras, televisiones, lavadoras y otros dispositivos electrónicos.

Cada producto tendría que mostrar una etiqueta con su “índice de reparabilidad”. Así, el comprador podría saber si existen refacciones, qué tan sencillo sería arreglar el equipo y durante cuánto tiempo contará con soporte técnico o actualizaciones de software.

La intención, explicó el legislador, es que las personas puedan utilizar plenamente los productos “durante un periodo razonable” y que las empresas no reduzcan de manera artificial el tiempo que pueden seguir funcionando.

¿Por qué quieren frenar la obsolescencia programada?

Un aparato no siempre deja de servir por el desgaste natural. En algunos casos, su duración puede quedar limitada desde el diseño, la fabricación o la programación para que el consumidor tenga que sustituirlo antes de tiempo.

A esto se le conoce como obsolescencia programada. Chávez García la describió como la práctica mediante la cual una empresa reduce deliberadamente la vida útil de un producto “con la finalidad de incentivar la adquisición de nuevos bienes por parte del consumidor”.

La propuesta plantea prohibir estas prácticas y crear sanciones administrativas para quienes las utilicen. También obligaría a fabricantes, importadores, distribuidores y vendedores a garantizar refacciones, soporte técnico y actualizaciones.

¿Las empresas ya están obligadas a cumplirlo?

Todavía no, el proyecto tendrá que ser analizado y dictaminado; después podría llegar al Pleno para su votación. Por ahora, el índice de reparabilidad y las demás obligaciones siguen siendo solamente una propuesta.

En conclusión: la iniciativa pretende evitar que miles de aparatos terminen en la basura cuando aún pueden repararse. La apuesta es que comprar un dispositivo no obligue a reemplazarlo en cuanto aparezca la primera falla.

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