SCJN: ¿qué es la debida diligencia y para que sirve?
Cuando una persona acude ante una autoridad, espera algo más que papeleo y promesas de seguimiento. También necesita una respuesta oportuna que realmente atienda su situación.
Pero, ¿qué significa y para qué sirve? Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles sobre el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿A qué se refiere la debida diligencia, según la Corte?
La debida diligencia es uno de los deberes que impide que una posible violación de derechos humanos quede reducida a un trámite. Esto puede observarse en el Amparo en Revisión 1077/2019, relacionado con la desaparición de un joven en Veracruz y la exigencia de su madre para que las autoridades realizaran una investigación efectiva.
Al estudiar el caso, el Máximo Tribunal advirtió que las autoridades debían explorar las líneas de investigación disponibles y emprender la búsqueda con prontitud, debida diligencia y todos los medios institucionales a su alcance.
La resolución señaló que no basta con obtener cualquier respuesta del sistema de justicia. Esta debe provenir de una investigación “exhaustiva e imparcial”, orientada a conocer la verdad y localizar a la persona desaparecida.
También es considerada como el deber de las autoridades de realizar las acciones necesarias para atender, investigar y reparar posibles violaciones a los derechos humanos.
En palabras sencillas: significa que las instituciones no pueden recibir una denuncia y dejarla guardada. Deben analizar los hechos, reunir información, dar seguimiento al procedimiento y actuar sin demoras injustificadas.
¿Para qué sirve la debida diligencia?
La debida diligencia sirve para convertir las obligaciones del Estado en acciones concretas, esto con la finalidad de evitar investigaciones incompletas, retrasos que afecten el esclarecimiento de los hechos o procedimientos que solamente existan en el papel.
Además, permite evaluar si una autoridad hizo todo lo que razonablemente estaba a su alcance. Dependiendo del caso, esto puede incluir recabar pruebas, entrevistar a personas, revisar distintas líneas de investigación, proteger a las víctimas e informarles sobre los avances.
Incluso eso tiene respaldo en el artículo 1 de la Constitución mexicana, el cual ordena a las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Además, establece que el Estado deberá “prevenir, investigar, sancionar y reparar” sus violaciones.
La Corte ha sostenido que garantizar los derechos humanos exige una investigación “seria, imparcial y efectiva” cuando las autoridades conocen hechos posiblemente ilícitos. Es decir, no cualquier actuación permite considerar cumplida esa responsabilidad.
Aplicar la debida diligencia no significa que todos los casos deban terminar necesariamente con una sanción. Significa que la autoridad debe investigar de forma responsable, agotar las acciones necesarias y explicar las razones de sus decisiones.
En conclusión: la debida diligencia sirve para que las personas reciban una respuesta real, oportuna y fundada, y para que la búsqueda de justicia no quede atrapada entre papeles y trámites.
