¿Se garantiza jubilación o pensión a elementos de seguridad pública? Esto dice la Corte
El trabajo de un policía municipal implica riesgos todos los días, pero la incertidumbre puede continuar cuando llega el momento de retirarse. Pero, ¿tienen garantizada una pensión o jubilación?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó qué responsabilidad se debe asumir para proteger esa prestación. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Qué dice la Corte?
Al resolver la Controversia Constitucional 98/2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó distintas normas que obligan a los municipios de San Luis Potosí a implementar esquemas de seguridad social para sus cuerpos policiales.
La resolución estudió disposiciones de la Constitución estatal, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y Municipios. Así se ordena garantizar una “seguridad social digna” a quienes integran las corporaciones municipales.
El sistema deberá tomar en cuenta tanto las características de la función policial como los riesgos que implica.
Sin embargo, es importante aclarar que ello no significa que la sentencia entregue automáticamente una pensión o jubilación, pues todavía deben definirse las reglas para acceder a esas prestaciones. Tampoco establece una cantidad igual para todos los elementos.
Lo que sí reconoce es una obligación que ya no puede dejarse pendiente: cada municipio deberá crear un esquema que brinde protección social a sus policías y contemple la etapa del retiro.
¿Qué deberán hacer los municipios de San Luis Potosí?
La resolución establece que cada ayuntamiento conservará la facultad de diseñar su propio sistema. Podrá definir sus prestaciones, requisitos, mecanismos de operación y formas de seguimiento de acuerdo con los recursos disponibles.
Sin embargo, no bastará con anunciar el programa. Los municipios deberán emitir lineamientos, apoyarse en instituciones especializadas y comprobar que el esquema puede mantenerse a largo plazo.
La Corte destacó que incluir una partida para el siguiente ejercicio fiscal constituye una “condición mínima para hacer operativa la reforma”. Y sin recursos asignados, el derecho correría el riesgo de quedarse únicamente en el papel.
¿Por qué la Corte validó la reforma?
El máximo tribunal concluyó que el Congreso de San Luis Potosí no impuso a los ayuntamientos una única forma de cumplir. Es decir, la normas no fijan montos de pensiones, porcentajes, fuentes de financiamiento ni una estructura determinada para ejercer el gasto.
En palabras de la SCJN, se estableció una “obligación normativa de carácter general” para asegurar condiciones mínimas de seguridad social. La manera de llevarla a la práctica seguirá en manos de cada municipio.
En conclusión: la resolución tampoco promete una pensión inmediata, su efecto es obligar a los municipios de San Luis Potosí a definir el camino de reglas, instituciones y dinero previsto para cumplirlas.
