Ley Alberto: ¿qué es, qué propone y dónde aplicaría?
¿La llamada “Ley Alberto” ya existe en México? En los últimos días, este nombre ha cobrado relevancia y ha generado dudas sobre los cambios que podría traer para las instituciones educativas y las personas involucradas en una denuncia.
Se trata de una iniciativa que ha despertado interés entre la ciudadanía, aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos qué propone y cuál es la situación legal.
¿Qué es la llamada Ley Alberto?
La llamada Ley Alberto es, por ahora, una propuesta ciudadana. Es decir, no se trata de una ley vigente ni de una iniciativa presentada formalmente ante el Congreso de la Ciudad de México o el Congreso de la Unión.
El planteamiento surgió tras la muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz y es impulsado por la organización Equidad y Justicia, así como por docentes, colectivos y ciudadanos bajo el lema “Por la verdad. Por la justicia. Por la vida”.
Quienes respaldan esta propuesta buscan fortalecer el respeto al principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un juez.
¿Qué propone la Ley Alberto?
La propuesta pretende revisar los protocolos que siguen las instituciones educativas cuando reciben una denuncia contra un docente, con el fin de garantizar el debido proceso sin dejar de proteger a las posibles víctimas.
Entre los cambios que plantea se encuentra brindar acompañamiento psicológico y asesoría jurídica tanto a la persona denunciante como a la denunciada, fortalecer las garantías durante las investigaciones y evitar que las medidas preventivas generen afectaciones irreversibles a la reputación, la estabilidad laboral o la vida personal de quien aún no ha sido declarado responsable.
Además, sus promotores también proponen establecer consecuencias para quienes presenten denuncias falsas de manera deliberada cuando éstas ocasionen daños personales o profesionales.
Sin embargo, hasta el momento no existe un documento legislativo oficial que detalle cómo se aplicarían estas medidas ni qué leyes tendrían que modificarse para convertir la propuesta en una norma obligatoria.
¿Dónde aplicaría esta propuesta?
La denominada Ley Alberto no aplicaría en ningún lugar, debido a que todavía no ha sido presentada como iniciativa de ley ante algún órgano legislativo, por lo que no existe un proyecto que pueda ser discutido, aprobado o publicado en el Diario Oficial.
Si en el futuro la propuesta avanza, serán sus propios impulsores y los legisladores quienes definan si las reformas se aplicarían únicamente en instituciones educativas de la Ciudad de México, como el Instituto de Educación Media Superior (IEMS), o si buscarían extender su alcance a otros sistemas educativos del país.
Mientras eso ocurre, la llamada Ley Alberto continúa siendo una propuesta ciudadana que busca abrir el debate sobre el equilibrio entre la presunción de inocencia, el debido proceso y la protección de quienes presentan una denuncia.
