Lavado de dinero y tácticas de seguridad de EU
Para enfrentar el crimen organizado, Donald Trump ha implementado dos estrategias hacia la defensa nacional del país vecino; los recursos de procedencia ilícita son el principal rector en este procedimiento operativo
Por: Juan Carlos Abreu y Abreu, maestro en Humanidades por la Universidad Anáhuac y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana.
La política de seguridad de Estados Unidos bajo la segunda gestión de Donald Trump, con el firme objetivo de enfrentar al crimen organizado transnacional, ha quedado perfilada por virtud de dos documentos rectores; primero, la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (National Security Strategy of the United States of America), y luego, la Estrategia Nacional para el Control de Drogas (National Drug Control Strategy).
Leídas de manera conjunta, ambas estrategias permiten identificar una transformación sustantiva, pues cifran el desplazamiento del eje clásico del combate al narcotráfico hacia una lógica de seguridad nacional en la que el lavado de dinero adquiere innegable centralidad.
En la Estrategia de Seguridad Nacional, el crimen organizado pasa de verse como un fenómeno estrictamente criminal para asumirse como una colosal amenaza que erosiona la soberanía, distorsiona mercados y compromete la estabilidad interna de ese país. Este giro conceptual implica una ampliación del campo de acción del Estado norteamericano, en la medida en que la seguridad ya no se circunscribe a la defensa militar o a la política exterior, sino que integra un espectro más amplio de dimensiones económicas, financieras y sociales.
En esta tesitura, la Estrategia de Seguridad Nacional incorpora como premisa fundamental que las organizaciones criminales operan como sistemas complejos, cuya resiliencia depende, en gran medida, de su capacidad para movilizar, ocultar y reinvertir los recursos financieros de origen ilícito. El lavado de dinero, en consecuencia, deja de ser un delito accesorio para convertirse en infraestructura básica del poder de las redes criminales. La respuesta del gobierno estadounidense, luego entonces, no se limita a la persecución del delito y sus perpetradores, sino que amplía sus horizontes y privilegia la disrupción de flujos financieros internacionales mediante inteligencia, sanciones económicas y coordinación entre las diversas agencias del gobierno.
Esta postura se deja ver con mayor claridad en la Estrategia Nacional para el Control de Drogas, donde el narcotráfico está explícitamente vinculado con categorías propias de la seguridad nacional, como el terrorismo. La noción de “narcoterrorismo” articula un discurso que justifica el uso de herramientas extraordinarias —incluidas capacidades militares y de inteligencia— para enfrentar a los cárteles. En este marco, el componente financiero adquiere un carácter prioritario, toda vez que desmantelar redes de lavado de dinero equivale a neutralizar la capacidad operativa de estas organizaciones.
Ambas estrategias convergen en tres líneas de acción en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita: (i) la intensificación del uso de instrumentos financieros coercitivos, como el congelamiento de activos, la designación de entidades y la ampliación de regímenes sancionatorios con efectos extraterritoriales; (ii) la integración de inteligencia financiera con capacidades militares y de seguridad, lo que sugiere una creciente hibridación entre la política económica y la estrategia de defensa; y, (iii) la presión sobre terceros países —particularmente en América Latina— para alinear sus marcos regulatorios y operativos con las prioridades estadounidenses.
México ocupa un lugar central en el escenario. Las estrategias lo identifican como un nudo primordial en las cadenas de valor del narcotráfico, tanto en la producción y tránsito de drogas sintéticas como en la articulación de redes financieras ilícitas. Esta caracterización no es meramente descriptiva, conlleva implicaciones operativas, pues se anticipa un incremento en la cooperación bilateral en materia de inteligencia financiera, orientada a rastrear flujos transfronterizos y desarticular esquemas de lavado, incluidos aquellos basados en comercio internacional, mientras se observa una tendencia a condicionar dicha cooperación a resultados concretos en la persecución de estructuras criminales.
El énfasis en la extraterritorialidad y en la adopción de medidas unilaterales por parte de Washington introduce fricciones con los principios de soberanía y jurisdicción nacional. La designación de organizaciones criminales como entidades terroristas no solo tendrá efectos jurídicos en Estados Unidos, sino que reconfigurará operaciones en territorio mexicano, incluyendo el tratamiento de activos, transacciones y actores vinculados directa o indirectamente con dichas organizaciones.
Priorizar el efecto coercitivo sobre el desarrollo de capacidades institucionales locales plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los resultados. La experiencia comparada sugiere que la disrupción de flujos financieros ilícitos requiere no solo de herramientas de sanción, sino también de marcos regulatorios robustos, sistemas de supervisión eficaces y cooperación internacional basada en confianza mutua. En ausencia de estos elementos, las redes criminales tienden a adaptarse, desplazando sus operaciones hacia jurisdicciones o sectores menos regulados.
En suma, las estrategias estadounidenses actuales configuran un paradigma en que el combate al narcotráfico se articula crecientemente en torno al control de las finanzas ilícitas. Para México, esto implica tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, la posibilidad de fortalecer mecanismos de cooperación y acceso a inteligencia financiera avanzada; por otro, la necesidad de gestionar las presiones derivadas de una política exterior estadounidense que privilegia la unilateralidad y la securitización del fenómeno criminal.
El desarrollo de esta agenda en los próximos años dependerá, en buena medida, de la capacidad de ambos países para equilibrar intereses de seguridad con principios de legalidad y soberanía. En ese delicado punto de intersección se definirá no solo la eficacia del combate al lavado de dinero, sino también la naturaleza de la relación bilateral en materia de seguridad.
Líneas de acción de las estrategias
- 1. Congelamiento de activos, designación de entidades y ampliación de regímenes sancionatorios con efectos extraterritoriales.
- 2. Integración de inteligencia financiera con capacidades militares y de seguridad. Hibridación entre política económica y estrategia de defensa.
- 3. Presión sobre terceros países, en particular América Latina, para alinear sus marcos regulatorios y operativos con prioridades estadounidenses.
Los documentos de Donald Trump contra el crimen organizado son la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América y la Estrategia Nacional para el Control de Drogas.
