Sentencia clave: Justicia federal protege a personas migrantes en México
Una solicitud sin respuesta y meses de incertidumbre llevaron el caso de una mujer migrante hasta un juzgado federal. Lo que parecía un trámite administrativo más terminó convirtiéndose en una sentencia que refuerza los derechos de las personas solicitantes de refugio en México.
El fallo no solo resolvió el caso individual, sino que recordó a las autoridades que las personas migrantes en situación de vulnerabilidad tienen derecho a una protección especial y a que sus peticiones no queden en el silencio burocrático. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
Una solicitud sin respuesta
De acuerdo con un comunicado oficial del Consejo de la Judicatura Federal, una mujer venezolana solicitó ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados el reconocimiento de su condición de refugiada para poder obtener su CURP y regularizar su estancia en el país.
Ante la falta de respuesta, promovió un juicio de amparo. El documento oficial señala que el juzgado recordó el derecho a “una justicia pronta, completa, fundada e informada”, así como el deber de otorgar una “protección reforzada hacia las personas migrantes”.
En la resolución se enfatiza que el acceso a procedimientos migratorios no puede quedar sujeto a omisiones administrativas. El juzgado destacó que la autoridad debía resolver la petición para evitar que la mujer permaneciera en un estado de vulnerabilidad jurídica.
El comunicado precisa que se concedió el amparo para que la autoridad “resolviera la petición de la mujer y se evitara un estado de vulnerabilidad durante su estancia en México”.
Este criterio se sustenta en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva.
Alcance de la sentencia
Aunque la resolución beneficia directamente a la promovente, el caso refuerza un principio relevante: las personas migrantes tienen derecho a que sus solicitudes sean atendidas con diligencia y dentro de plazos razonables.
La decisión envía un mensaje claro a las autoridades administrativas: el silencio o la demora injustificada puede ser revisado por la justicia federal cuando están en juego derechos fundamentales.
