Prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos: ¿cuál sería el castigo por usarlos?
La prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos en México ha generado confusión entre usuarios que se preguntan si podrían ser sancionados por utilizarlos. Aunque estos dispositivos ya no pueden venderse legalmente en el país, la ley distingue entre el consumo personal y las actividades de comercialización, por lo que no todos los casos implican las mismas consecuencias legales.
La medida forma parte de una política de salud pública impulsada por el gobierno federal para frenar el consumo de estos productos, especialmente entre niñas, niños y adolescentes, ante los riesgos que representan para la salud. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te explicamos los detalles.
¿Qué prohíbe exactamente la ley?
La legislación vigente prohíbe la producción, importación, distribución, comercialización y promoción de vapeadores, cigarros electrónicos y dispositivos similares. Estas actividades sí están sujetas a sanciones administrativas y penales, que pueden incluir multas elevadas e incluso penas de prisión cuando se trata de operaciones con fines de lucro.
Sin embargo, la prohibición no está dirigida directamente al consumo personal, sino a eliminar el mercado y la cadena de suministro de estos productos. Autoridades sanitarias han reiterado que el enfoque principal es combatir la venta ilegal y proteger la salud pública.
¿Hay sanción por usar un vapeador?
De acuerdo con el marco legal actual, el uso o posesión personal de un vapeador no conlleva una pena de prisión automática. No obstante, sí puede dar lugar a sanciones administrativas, dependiendo del contexto, como el uso en espacios públicos donde esté prohibido fumar o vapear, especialmente en lugares cerrados, escuelas o centros de trabajo.
En estos casos, las sanciones pueden consistir en multas económicas, amonestaciones o el retiro del dispositivo, conforme a las disposiciones locales de salud y reglamentos de espacios libres de humo.
¿A quiénes sí se castiga con mayor severidad?
Las sanciones más severas están previstas para quienes fabriquen, importen, distribuyan o vendan vapeadores. En estos casos, la ley contempla multas elevadas y penas de prisión, al tratarse de actividades consideradas ilegales y de alto impacto en la salud colectiva.
Por ello, aunque el uso personal no implica cárcel por sí mismo, las autoridades recomiendan evitar estos dispositivos y recordar que su circulación en el país es ilegal, lo que puede derivar en consecuencias legales indirectas.
