Sismo de Año Nuevo 2026: ¿qué leyes te protegen ante un fenómeno natural?
El sismo registrado al inicio de 2026 tomó por sorpresa a miles de personas y reavivó una inquietud común después de cada emergencia: cuando ocurre un fenómeno natural, ¿qué derechos tienen las personas afectadas y qué están obligadas a hacer las autoridades?
Más allá de la reacción inmediata, el marco legal mexicano establece protecciones claras antes, durante y después de un evento natural de sismo. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles.
Protección civil y derecho a la información
La atención a desastres naturales no es una decisión discrecional, sino una obligación del Estado. La Ley General de Protección Civil establece que los tres niveles de gobierno deben prevenir riesgos, coordinar acciones de auxilio y atender a la población cuando ocurre un fenómeno como un sismo.
Esta ley obliga a activar protocolos de emergencia, coordinar cuerpos de rescate y difundir información oficial clara y oportuna para la población. Además, faculta a las autoridades para ordenar evacuaciones o desalojos preventivos cuando exista riesgo para la vida o la integridad de las personas, como en casos de daños estructurales.
El marco legal también establece que grupos en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, deben recibir atención prioritaria, acceso preferente a albergues y apoyo institucional inmediato durante una emergencia.
Trabajo, vivienda y obligaciones después de un sismo
En el ámbito laboral, la Ley Federal del Trabajo protege a las personas trabajadoras cuando se presentan causas de fuerza mayor, como un sismo. Si un centro de trabajo resulta dañado o no existen condiciones seguras, el patrón está obligado a suspender labores, permitir la evacuación y no imponer sanciones ni descuentos por inasistencias relacionadas con la emergencia.
En cuanto a la vivienda, las normas locales de protección civil y desarrollo urbano facultan a las autoridades para realizar inspecciones estructurales, emitir dictámenes técnicos y, en su caso, colocar sellos de riesgo que impidan el uso de inmuebles dañados hasta que se garantice que no representan un peligro.
Estas disposiciones buscan proteger no solo el patrimonio, sino principalmente la vida y la integridad física de las personas, evitando que se habiten espacios inseguros tras un fenómeno natural.
En conclusión, el sismo de Año Nuevo 2026 dejó claro que la respuesta ante emergencias no depende únicamente de la reacción social, sino de un entramado legal que define responsabilidades y derechos específicos para enfrentar este tipo de eventos.
