Abandono de menores: ¿quiénes podrían ir a prisión en México?
En México avanza una propuesta legislativa que busca endurecer las sanciones para quienes, pese a tener la responsabilidad legal sobre niñas, niños o personas interdictas, los abandonan, maltratan o utilizan indebidamente los recursos destinados a su cuidado.
La medida pretende cerrar vacíos legales y reforzar la protección del patrimonio, la salud y el bienestar psicológico y físico de las infancias. Aquí en el sitio “El Mundo del Derecho” te damos los detalles al respecto.
¿Qué plantea la iniciativa?
La diputada Margarita García García, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para adicionar el artículo 336 Ter al Código Penal Federal, con el fin de sancionar a quienes ejerzan la patria potestad y, de manera dolosa o sin justificación, incumplan sus obligaciones de cuidado.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, contempla penas de:
• 1 a 5 años de prisión
• Multa de 250 a 450 UMA
• Privación de los derechos de familia
• Reparación del daño, en caso de afectaciones al patrimonio del menor o persona interdicta
¿Quiénes podrían ir a prisión?
De acuerdo con la iniciativa, las sanciones aplicarían a la persona que ejerza la patria potestad o administre recursos como la pensión alimenticia, y que:
• Abandone a sus menores hijos o personas interdictas.
• Use indebidamente el dinero destinado a su manutención.
• Ponga en riesgo su patrimonio.
• Vulnere su salud física o psicológica.
• Incumpla, de forma dolosa, las obligaciones derivadas de la patria potestad, la guarda y custodia o sentencias sobre pensión alimenticia.
El proyecto señala que estas conductas pueden presentarse tanto por acciones como por omisiones, siempre que representen un riesgo o daño para el menor o persona bajo cuidado.
¿Por qué se impulsa esta reforma?
La exposición de motivos destaca que la patria potestad no solo otorga derechos, sino también obligaciones relacionadas con el bienestar físico, psicológico, moral, social y patrimonial de niñas, niños y adolescentes.
Se subraya que el Estado mexicano, con base en la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos tratados internacionales, tiene la obligación de velar por la protección plena de las infancias.
Además, la propuesta retoma principios de la Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959, que establece que los menores deben ser protegidos de cualquier forma de abandono, crueldad o explotación.
Aunque el Código Penal Federal ya contempla sanciones para quienes vulneren los derechos de menores, la iniciativa argumenta que aún existen situaciones no previstas, como el uso indebido de pensiones alimenticias, el abandono parcial o la afectación del patrimonio de menores e interdictos.
La propuesta también incluye protección para personas de grupos vulnerables que, por su condición, dependen legalmente de un tutor o responsable.
